lunes, 16 de febrero de 2009

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

PREÁMBULO

Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Corrientes, reunidos
en Convención Constituyente para la reforma de la Constitución de 1993,
con el objeto de consolidar el sistema representativo, republicano y
democrático de gobierno, promover el bienestar general, afianzar la justicia,
perpetuar la libertad, fortalecer las instituciones, conservar el orden público,
garantizar la educación y la cultura, impulsar el desarrollo sostenido,
preservar el ambiente sano, afirmar la vigencia del federalismo y asegurar la
autonomía municipal, sancionamos y ordenamos, bajo la protección de Dios,
esta Constitución:
PARTE PRIMERA
TÍTULO PRIMERO
DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS
Capítulo Único
Artículo 1°: La Provincia de Corrientes es parte indestructible e inseparable de la
Nación Argentina y la Constitución Nacional es su ley suprema. Su autonomía es
de la esencia de su gobierno y necesaria a la vez a un régimen federal indisoluble;
por tanto, organiza su gobierno bajo la forma representativa republicana y
mantiene en su integridad todo el poder no delegado expresamente al gobierno de
la Nación.
Artículo 2°: Los límites territoriales de la Provincia son: al noreste y sud los que
por derecho le correspondan, al este el Río Uruguay, que la separa de los Estados
Unidos del Brasil y de la República del Uruguay, y al oeste el Río Paraná, que la
separa de las provincias de Santa Fe y Chaco.
Forman parte de su territorio, en lo referente a los ríos Uruguay y Alto Paraná, las
islas que quedan entre sus costas y el canal principal del río, y aquellas que por
tratados o convenciones internacionales hayan sido o sean declaradas argentinas.
En lo relativo al río Paraná, forman también parte de su territorio las islas que
quedan entre sus costas y el canal principal del río, así como las que le sean
reconocidas por convención interprovincial o por ley del Congreso de la Nación.
Toda ley que se dicte modificando la jurisdicción actual de la provincia sobre parte
de su territorio, ya sea por cesión, anexión o de cualquier otra manera, como
igualmente la que ratifique tratados sobre límites que se celebren, deberá ser
sancionada dos veces por ambas Cámaras Legislativas. Se requerirá que la
primera y segunda sanción estén espaciadas por un período legislativo,
exigiéndose en ambas oportunidades los dos tercios de votos del total de los
miembros de cada Cámara. Se dará amplia difusión a la primera sanción,
haciéndose saber que en el subsiguiente período legislativo se considerará por
segunda vez el asunto.
Artículo 3°: La soberanía reside en el pueblo, pero es ejercida únicamente en el
modo y forma establecidos por esta Constitución y por la ley.
Artículo 4°: La Capital de la Provincia es la ciudad de Corrientes. Los Poderes
Públicos funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo las excepciones que
esta Constitución establece y demás casos en que por causas extraordinarias, la
ley dispusiera transitoriamente otra cosa.
Artículo 5°: El registro del estado civil de las personas será uniformemente
llevado en toda la provincia por las autoridades civiles, sin distinción de creencias
religiosas.
Artículo 6°: La libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho.
Toda persona puede ilimitada y libremente, en cualquier forma, manifestar sus
ideas y opiniones, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios
públicos, pero será responsable del abuso que haga de esta libertad.
No se dictarán leyes ni medida alguna que restrinjan el ejercicio de aquella y en
las causas a que diera lugar su abuso, se admitirá la prueba, siempre que fuese el
injuriado un funcionario o empleado público.
Es obligación de los funcionarios o empleados públicos, acusar toda publicación
en que se les imputen faltas o delitos cuya averiguación interese a la sociedad.
Artículo 7°: No se dictarán leyes que limiten el derecho de reunión pacífica para
tratar asuntos públicos o privados.
Todo acto u omisión de las autoridades de la Provincia debidos a coacción o
requisición de fuerza armada o de reunión rebelde o sediciosa, son nulos.
Artículo 8°: La garantía del hábeas corpus no será suprimida, suspendida ni
menoscabada en ningún caso por autoridad alguna.
Artículo 9°: Toda persona detenida será puesta en libertad provisoria mediante
fianza bastante, en los casos, forma y condiciones que establezca la ley.
Artículo 10: Ninguna detención o arresto se hará en cárceles de criminales, sino
en locales destinados especialmente a ese objeto, salvo las excepciones que
establezca la ley.
Los presos no serán sacados de la Provincia, para cumplir su condena en otras
cárceles, ni se admitirán en sus cárceles presos de fuera de ella.
Artículo 11: En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo, ni contra sus parientes hasta el cuarto grado inclusive.
Artículo 12: Sólo podrá ser allanado el domicilio en virtud de orden escrita de juez
competente, o de la autoridad municipal por razón de salubridad pública. La ley
determinará la forma y modo de practicarse el allanamiento.
La orden deberá ser motivada y determinada, haciéndose responsable, en caso
contrario, tanto el que la expida como el que la ejecute.
Artículo 13: Los habitantes de la Provincia, sin ninguna excepción, están
obligados a concurrir a las cargas públicas en la forma que las leyes determinen.
Artículo 14: La Provincia costeará los gastos ordinarios de su administración con
el producido de los impuestos que la Legislatura establecerá cada año por ley
especial y con las demás rentas e ingresos que forman el tesoro provincial.
Artículo 15: Los poderes y funcionarios públicos no pueden delegar, bajo pena de
nulidad, las facultades o atribuciones que esta Constitución y las leyes les
confieren, salvo los casos de excepción previstos en las mismas. Siendo limitadas
estas facultades, ninguna autoridad las tiene así extraordinarias ni puede pedirlas,
ni se le concederán por motivo alguno.
Artículo 16: Todos los funcionarios y empleados públicos son responsables en
los casos y forma establecidos en esta Constitución y las leyes.
Artículo 17: Todo ciudadano argentino, domiciliado en la provincia está obligado a
prestar el servicio militar conforme a la ley, y a armarse a requisición de las
autoridades constituidas, con la excepción que el artículo 21 de la Constitución
Nacional hace de los ciudadanos por naturalización.
Artículo 18: Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas.
Artículo 19: El equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal constituye
un beneficio a favor de los habitantes de la Provincia, por lo que toda ley que
sancione empréstitos debe prever una programación financiera que garantice la
atención de los servicios de la deuda.
No debe autorizarse ningún empréstito sobre el crédito general de la provincia, ni
la emisión de fondos públicos, sino mediante ley sancionada por dos tercios de
votos del total de miembros de cada cámara. En ningún caso el servicio de la
totalidad de las deudas autorizadas debe comprometer más del veinticinco por
ciento (25%) de la renta anual de la Provincia. Los recursos que se obtengan y los
fondos públicos que se emitan, no podrán ser aplicados a otros objetos que los
determinados en la ley de su creación.
Artículo 20: El Estado, como persona civil, puede ser demandado ante los
Tribunales ordinarios, sin necesidad de autorización previa del Poder Legislativo.
Sin embargo, si fuere condenado al pago de una deuda, no podrá ser ejecutado
en la forma ordinaria ni embargados sus bienes, debiendo la Legislatura arbitrar el
modo y forma de verificar dicho pago. La ley se dictará dentro de los seis meses
de consentida la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio.
Artículo 21: Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma que la
ley determine, especialmente aquellos relacionados con la percepción e inversión
de los fondos públicos, y con la enajenación y afectación de bienes pertenecientes
al Estado Provincial y a las Municipalidades. Además de su publicación en el
Boletín Oficial, las autoridades competentes están obligadas a difundirlos a través
de los medios masivos de comunicación e información, garantizando al ciudadano
el acceso al conocimiento de los mismos de manera oportuna, actualizada,
completa y gratuita.
Artículo 22: Toda venta de bienes raíces de propiedad fiscal se hará en subasta
pública. Se exceptúan las tierras fiscales denunciadas en compra y las destinadas
a la colonización, las cuales serán vendidas en la forma que ordene la ley. Ésta
determinará los demás contratos que el gobierno de la Provincia no puede hacer
sin licitación.
Artículo 23: La propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella sino en
virtud de sentencia judicial fundada en ley.
La expropiación por causas de utilidad pública debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada.
Es facultad de la Legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que conviniere
a los intereses públicos.
Artículo 24: Los empleos públicos se concederán a todas las personas bajo el
sistema del mérito, de acuerdo a las condiciones de la Ley de Servicios Civil que
dictará la Legislatura.
Los extranjeros no podrán ejercer empleos del orden provincial sin que
previamente hayan obtenido carta de ciudadanía, con excepción del profesorado y
de los cargos de carácter administrativo que requieran título profesional o
científico.
Artículo 25: La libertad electoral es inviolable, en la forma y bajo las
responsabilidades establecidas por esta Constitución y la ley.
Artículo 26: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan
al orden público, ni perjudiquen a terceros, están reservadas a Dios y exentas de
la autoridad de los Magistrados.
Artículo 27: Los principios, garantías y declaraciones establecidos en esta
Constitución no podrán ser alterados, bajo pena de nulidad, por las leyes que los
reglamenten.
Toda ley, decreto, orden o resolución emanados de las autoridades, que impongan
a los principios, libertades y derechos consagrados por esta Constitución, otras
restricciones que las que la misma permite o priven a los habitantes de la
Provincia de las garantías que ella asegura, serán nulos y sin valor alguno.
Sin perjuicio de las reclamaciones por inconstitucionalidad, los damnificados por
las disposiciones podrán deducir ante quienes corresponda las acciones
procedentes contra los funcionarios o empleados públicos, hayan o no cesado en
su mandato, que las hubieran autorizado o ejecutado, sin que puedan eximirse de
responsabilidad en caso alguno, alegando orden o aprobación superior.
Artículo 28: La administración pública provincial está regida por los principios de
legalidad, eficacia, austeridad, congruencia normativa, desconcentración
operativa, capacidad, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas
y actos. Su actuación tiende a lograr economía, sencillez e informalismo en el
trámite, celeridad, participación y el debido procedimiento público para los
administrados. Los funcionarios y empleados públicos deben ajustar su actuación
a dichos principios.
Ningún funcionario público debe ejercer violencia laboral sobre los empleados a
su cargo o bajo su dependencia. La violación de este precepto constituye falta
grave.
Artículo 29: La Legislatura debe sancionar una ley de ética para el ejercicio de la
función pública, que observe los principios de probidad, prudencia, justicia,
equidad, solidaridad social, idoneidad, responsabilidad y transparencia de los
actos. La misma es aplicable, sin excepción, a todo funcionario provincial que se
desempeñe en nombre o al servicio de cualquier poder u órgano, o en la
administración pública centralizada o descentralizada, de manera temporal o
permanente, honoraria o remunerada, consignando especialmente los deberes,
incompatibilidades y sanciones aplicables.
Quienes ejercen la función pública deben presentar al inicio y cese de sus
funciones una declaración jurada patrimonial integral, de carácter público, que
incluirá sus antecedentes laborales y se actualizará anualmente.
Artículo 30: No podrán acumularse dos o más empleos o funciones públicas
rentados, ya fuesen electivos, en una misma persona, aun cuando la una sea
provincial y nacional la otra, exceptúanse de esta prohibición a los profesores y
maestros en el ejercicio de sus funciones docentes.
En cuanto a las comisiones eventuales la ley determinará las que sean
incompatibles.
A ninguno de los miembros de los poderes públicos, Ministros, Secretarios y
demás empleados de la administración, mientras lo sean, podrá acordarse
remuneración especial por servicios hechos o que se les encomiende en ejercicio
de sus funciones o por comisiones especiales o extraordinarias.
Artículo 31: Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta
Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no
enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la
soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al
hombre en su calidad de tal.
Artículo 32: Nadie puede ser juzgado por comisiones ni tribunales especiales,
cualquiera que sea la denominación que se les dé.
Artículo 33: La justicia será administrada públicamente y sin dilaciones. Queda
abolido el secreto del sumario en materia penal, salvo las excepciones que
establezca la ley por razones de orden público.
Artículo 34: Ningún impuesto que se aumente o que se establezca para sufragar
la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente,
sino a los objetos determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo
que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.
TÍTULO SEGUNDO
NUEVOS DERECHOS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Capítulo I
Del Orden Constitucional
Artículo 35: En ningún caso autoridad alguna puede suspender la observancia de
esta Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y
derechos establecidos en ambas.
Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier
naturaleza se interrumpa su observancia y aplicación.
Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición
de fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es
nula de nulidad absoluta.
Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento del orden constitucional
y de sus autoridades legítimas, y oponerse al gobierno usurpador.
En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere funciones
previstas por esta Constitución para las autoridades legítimas, será considerado
usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo
público en la Provincia o en sus Municipios. Sus actos serán insanablemente
nulos. A los fines previsionales, no se computará el tiempo de sus servicios ni los
aportes que, por tales conceptos, realice.
Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones en violación de los
procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Tampoco rige en tal
caso el principio de obediencia debida a los superiores ni a quienes se atribuyen el
mando.
A todos los efectos se consideran vigentes, hasta la finalización del período para
el que fueron elegidos, los mandatos y prerrogativas de los funcionarios electos
por el pueblo de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución.
Atenta contra el sistema democrático todo aquél que cometa delito doloso grave
en perjuicio de la Provincia o de un Municipio, que conlleve enriquecimiento,
quedando inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el tiempo que las leyes
determinen. La inhabilitación será perpetua cuando se tratare de delitos de lesa
humanidad.
Capítulo II
De la Intervención Federal
Artículo 36: Las funciones de la intervención federal son exclusivamente
administrativas, con excepción de las que se deriven del estado de necesidad
institucional que la ha provocado.
Sus actos son válidos solamente cuando estén conformes con esta Constitución y
las leyes que en su consecuencia se dicten. La nulidad emergente puede ser
declarada a instancia de parte.
En ningún caso puede el interventor federal contraer empréstitos que graven el
patrimonio de la provincia.
Los funcionarios y empleados designados por la intervención federal, quedan en
comisión el día en que ésta cesa en sus funciones.
Capítulo III
De la Iniciativa y Consulta Popular
Artículo 37: Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa popular para presentar
proyectos de ley en la Legislatura, que debe darle expreso tratamiento dentro del
término de doce (12) meses. La Legislatura sancionará la ley reglamentaria, que
no podrá exigir más del tres por ciento (3%) del padrón electoral provincial. No
pueden ser objeto de iniciativa popular aquellas normas referidas a reforma
constitucional, convenios internacionales y tratados parciales, régimen electoral,
tributos y presupuesto.
Artículo 38: El Poder Legislativo puede convocar a consulta popular para que un
proyecto sea convertido en ley si es votado afirmativamente por la mayoría
absoluta de los electores que emitan válidamente el sufragio, en cuyo caso la
promulgación será automática; la ley de convocatoria no puede ser objeto de veto.
La Legislatura o el Gobernador de la Provincia, dentro de sus respectivas
competencias, pueden convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el
voto no es obligatorio.
El Poder Legislativo, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada
Cámara, debe sancionar la ley reglamentaria del presente artículo.
Capítulo IV
De los Derechos de la Familia
Artículo 39: La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad y goza
de las condiciones económicas, culturales y sociales que propendan a su
desarrollo y protección integral. El Estado Provincial debe establecer políticas que
faciliten su constitución y fortalecimiento, incluyendo el derecho al acceso y la
preservación de la vivienda familiar única como institución social. Debe promover
la asistencia familiar en lo que respecta a la vivienda, el empleo, el crédito y la
cobertura social.
Artículo 40: Las medidas de protección familiar deben contemplar políticas
activas de lucha contra las adicciones perjudiciales para la salud. El Estado
Provincial debe desarrollar, en coordinación con la Nación, los municipios y los
actores sociales, campañas de información general y de asistencia familiar,
proveyendo los recursos necesarios para la investigación, prevención y atención
de la problemática, como asimismo para el tratamiento, recuperación e inserción
social de los afectados.
Capítulo V
De los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
Artículo 41: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, crecer y
desarrollarse en forma integral, lo que incluye el derecho a la identidad y a la
identificación, y los demás derechos y garantías contemplados en esta
Constitución, la Constitución Nacional, los Tratados y las leyes. La recreación y el
amor constituyen la base de la formación de su personalidad. La familia asegura
prioritariamente su protección integral.
El Estado legisla y promueve medidas de acción positiva que tienen por objeto
esencial la prevención, detección temprana y amparo de las situaciones de
amenaza o violación de los principios, derechos y garantías del niño, de la niña y
del adolescente, especialmente de los que se encuentren en situación de riesgo.
Debe remover los obstáculos de cualquier orden que limiten la efectiva y plena
realización de sus derechos.
El estado asegura a los niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento
judicial o administrativo que los afecte, los siguientes derechos y garantías: a ser
oídos por la autoridad competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al
momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser asistidos por un letrado
preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que los incluya. Si carecieren de recursos
económicos, el Estado debe asignarles de oficio, un letrado que los patrocine. En
caso de detención deben ser alojados en establecimientos especiales que
resguarden su integridad física y psíquica.
Artículo 42: Los jóvenes tienen derecho a la educación y desarrollo integral, al
perfeccionamiento e inserción democrática, social, cultural, política y económica, a
la capacitación laboral y al acceso a las fuentes de trabajo. La educación
promueve el arraigo al medio de los mismos y el acrecentamiento de su
conciencia nacional.
Capítulo VI
De los Derechos de la Ancianidad
Artículo 43: Ninguna persona debe ser discriminada por causa de su edad.
El Estado garantiza a las adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato
y pleno goce de los derechos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución
Nacional, en los Tratados y en las leyes.
El Estado, mediante políticas sociales, vela por su protección e integración socio
económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su
calidad de vida, y provee especialmente a la protección de los ancianos que se
hallen en riesgo, abandonados y desamparados, dictando políticas de inclusión de
forma directa o a través de terceros.
Capítulo VII
De los Derechos de las Personas con Discapacidad
Artículo 44: La familia, la sociedad y el Estado tienen a su cargo la protección
integral de las personas con discapacidad y deben proveer a su desarrollo e
integración económica, social y cultural.
El Estado asegura y garantiza a las personas con discapacidad, por medio de
acciones positivas, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y esta Constitución,
sancionando todo acto discriminatorio en perjuicio de los mismos.
El Estado promueve y ejecuta políticas de protección integral y de fortalecimiento
del núcleo familiar, tendientes a la prevención, rehabilitación, educación,
capacitación e inserción social y laboral.
Es obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto consolidar el desarrollo
de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, sociales, arquitectónicas y
urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo que las afecte. En todo el
ámbito de la provincia se deben establecer normas para que el desplazamiento,
acceso y desenvolvimiento de las personas con discapacidad, encuentren
facilidades que favorezcan su independencia.
Capítulo VIII
De la Igualdad de Géneros
Artículo 45: El Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y
varones en lo cultural, económico, laboral, político, social y familiar; incorpora la
perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas y estimula
la modificación de los patrones socio culturales con el objeto de eliminar prácticas
basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. Reconoce el
trabajo en el hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce
riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social
de conformidad con la ley.
Artículo 46: Toda mujer tiene derecho a una protección especial durante los
estados de embarazo y lactancia, y las condiciones laborales deben permitirle el
cumplimiento de su función familiar.
Artículo 47: Se reconoce a varones y mujeres el derecho a tener control
responsable sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva,
preservando el derecho a la vida.
Capítulo IX
De los Derechos del Consumidor y del Usuario
Artículo 48: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a
condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión
de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad
y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y usuarios.
La legislación establece los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia provincial, previendo el mecanismo de audiencias públicas y la
necesaria participación en los organismos de control y en la confección o
modificación de dicho régimen regulatorio, de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de los municipios interesados.
Toda persona tiene el derecho de elegir la vía de resolución para sus
controversias, disputas o conflictos, que puede ser la conciliación, mediación,
arbitraje o instancia judicial. En los casos donde el Estado provincial y las
municipalidades sean parte de la controversia, se preferirá la vía arbitral.
La ley establece las normas y procedimientos a cumplimentar en cada caso y las
excepciones para cada una de las vías de resolución.
Capítulo X
Del Ambiente
Artículo 49: Toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente sano y
equilibrado y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras.
Artículo 50: Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho al acceso a la
información sobre el impacto que las actividades públicas o privadas causen o
pudieren causar sobre el ambiente y a participar en los procesos de toma de
decisiones sobre el ambiente de conformidad con el procedimiento que determine
la ley.
El Estado está obligado a producir y a difundir amplia y oportunamente la
información relacionada con el ambiente.
Artículo 51: Es obligatoria la educación ambiental en todos los niveles y
modalidades de enseñanza.
Artículo 52: Toda persona puede interponer la acción prevista en el artículo 67 de
esta Constitución, en protección del ambiente o con el objeto de hacer cesar las
actividades que en forma actual o inminente causen o puedan causar daño
ambiental, entendido como cualquier modificación o alteración negativa relevante
al equilibro del ecosistema, los recursos, los bienes o valores colectivos.
Quien promueva la acción está eximido del pago de tasas judiciales. Las pericias,
estudios, trámites o pruebas requeridas en el proceso para demostrar la afectación
o daño producido serán solventados por el Estado, salvo que las costas fueran
impuestas al demandado y conforme lo determine la ley.
Artículo 53: El Estado Provincial fija la política ambiental, protege y preserva la
integridad del ambiente, la biodiversidad, el uso y la administración racional de los
recursos naturales, promueve el desarrollo productivo compatible con la calidad
ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución de la
generación de residuos nocivos, dicta la legislación destinada a prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, sanciona su incumplimiento y exige
la reparación de los daños.
La política ambiental provincial debe formularse teniendo en cuenta los aspectos
políticos, ecológicos, sociales, culturales y económicos de la realidad local, con el
objeto de asegurar el uso adecuado de los recursos naturales, optimizar la
producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima
degradación y promover la participación social en las decisiones fundamentales
relacionadas con el desarrollo sustentable provincial.
Artículo 54: El Estado Provincial estimula e impulsa la investigación y ejecución
de proyectos fundados en planes y programas de desarrollo sustentable que
incorporen fuentes de energía renovable no contaminantes o limpias,
disminuyendo en lo posible la explotación de aquellos recursos no renovables.
Artículo 55: El Estado Provincial y los municipios promueven la gestión integral de
los residuos y su utilización productiva.
Artículo 56: El Poder Legislativo debe sancionar las normas complementarias a
los presupuestos mínimos de protección ambiental, de conformidad con lo
establecido en el articulo 41 de la Constitución Nacional.
Artículo 57: La determinación previa del proceso de evaluación del impacto
ambiental es obligatoria para todo emprendimiento público o privado susceptible
de causar efectos relevantes en el ambiente.
Capítulo XI
De los Recursos Naturales
Artículo 58: Los recursos naturales existentes en el territorio provincial
constituyen dominio originario del Estado Provincial: el suelo, el subsuelo, las
islas provinciales, las aguas de uso público y/o que tengan o adquieran la aptitud
de satisfacer usos de interés general y sus corrientes, incluidas las aguas
subterráneas que tengan tales cualidades, y la energía.
En el marco de lo preceptuado por la Constitución Nacional y las leyes
reglamentarias, los ríos, sus cauces y riberas internas, el aire, las ruinas
arqueológicas y paleontológicas de interés científico que existen en el territorio, los
recursos minerales, los hidrocarburos, la biodiversidad ambiental, el acuífero
guaraní en la extensión comprendida dentro del territorio de la Provincia de
Corrientes y las tierras fiscales ubicadas en el ecosistema del Iberá son de
dominio público del Estado Provincial.La ley asegura su conservación y
aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación,
otras provincias y municipios, preferentemente en la zona de origen.
La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia sin acuerdo
previo instrumentado mediante leyes convenio que contemplen el uso racional de
los mismos, las necesidades locales y la preservación del recurso y el ambiente.
Artículo 59: El agua es un bien social esencial para la vida.
El Estado Provincial debe garantizar el acceso al agua saludable y la existencia de
control y cogestión social a través del mecanismo que establece la ley. El código
de aguas regla el gobierno, la administración, el manejo unificado e integral del
recurso, la participación de los interesados y los emprendimientos y actividades
calificados como de interés social. La Provincia concerta con las restantes
jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.
Artículo 60: Se asegura el libre acceso a las riberas de los ríos y espejos de agua
de dominio público.
El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y la construcción
de vías de circulación en las riberas, reconociendo la vigencia del camino de sirga.
Capítulo XII
Del Ordenamiento Territorial Ambiental
Artículo 61: Corresponde al Gobierno de la Provincia mantener la integridad del
territorio provincial.
El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la
propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas
protegidas o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes
argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios.
Los extranjeros sin residencia permanente, las sociedades conformadas por
ciudadanos o capitales foráneos y las sociedades sin autorización para funcionar
en el país, no pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en el párrafo
precedente, con excepción de los extranjeros que acrediten residencia legal
conforme la ley.
Artículo 62: La Provincia y los municipios, en el marco de sus respectivas
competencias, ordenan el uso del suelo y regulan el desarrollo urbano, suburbano
y rural, bajo las siguientes pautas:
1) La utilización del suelo no puede afectar el interés general.
2) El ordenamiento territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a
objetivos, políticas y estrategias de planificación democrática y participativa de la
comunidad.
3) Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una
mejor calidad de vida determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo,
distribución de la edificación, reglamentación de la subdivisión y determinación de
las áreas libres.
4) El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la
intervención en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor
agregado por planes u obras del Estado.
5) El manejo racional de los bosques nativos y la defensa, mejoramiento y
ampliación de su fauna autóctona.
Artículo 63: La Provincia considera la tierra como instrumento de producción,
evitando la especulación, el desarraigo y la conformación de latifundios
improductivos.
Es legítima la propiedad privada del suelo y el acceso a la misma constituye un
derecho para todos los habitantes de conformidad con la ley.
El Estado Provincial propende a mantener la unidad productiva óptima, la
ejecución de planes de colonización y el asentamiento de familias rurales con
apoyo crediticio, técnico y de fomento.
La ley establece las condiciones del manejo de la tierra como recurso renovable, y
a través de impuestos generales desalienta su explotación irracional y su tenencia
libre de mejoras.
Artículo 64: El régimen de división, adjudicación y administración de las tierras
fiscales es establecido por ley que debe contemplar su finalidad de fomento,
desarrollo y producción, la explotación directa y racional por el adjudicatario y la
entrega y adjudicación preferencial a sus ocupantes, a pequeños productores y
sus descendientes, y a personas jurídicas de organización cooperativa u otras
formas asociativas.
Artículo 65: Para la regulación del sistema de áreas protegidas, el Estado
Provincial sancionará normas que establezcan:
1) La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos
naturales y su manejo a perpetuidad.
2) La armonía entre el desarrollo perdurable de las actividades productivas, la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.
3) El resguardo de la biodiversidad y la protección y el control de los recursos
genéticos de especies vegetales y animales.
4) La regulación del tránsito y egreso de las especies autóctonas de la flora y de la
fauna, imponiendo las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal.
5) El ordenamiento territorial de dichas áreas, con la participación de los
municipios y de las comunidades que habitan en la región.
6) La exigencia de evaluación previa sobre impacto ambiental para autorizar
emprendimientos públicos o privados.
Artículo 66: Se declara patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de
Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema
Iberá, sus esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce, en
la extensión territorial que por ley se determine, previo relevamiento y fundada en
estudios técnicos. Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios,
respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural.
Capítulo XIII
De las Acciones de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data
Artículo 67: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión
de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Esta acción es
admisible sin necesidad de extinguir vía alguna. En el caso, el juez podrá declarar
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Pueden interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad
física, o en el caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de
detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas
corpus puede ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez
resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.
Artículo 68: Toda persona puede interponer acción de hábeas data a fin de tomar
conocimiento de cualquier dato o asiento referido a ella, su fuente u origen,
finalidad y uso; que obren en registros, archivos o bancos de datos de organismos
públicos o privados, éstos últimos siempre que ejerzan la función de administrar
informes; y en caso de error, falsedad o discriminación, o que los datos sean
incompletos, inexactos o desactualizados, para exigir la supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de aquellos. El ejercicio de este derecho no puede
afectar las fuentes de información periodística ni el secreto profesional.
PARTE SEGUNDA
TÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN ELECTORAL
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 69: La representación política tiene por base la población y con arreglo a
ella se ejercerá el derecho electoral.
Artículo 70: El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de
ciudadano argentino y una función política que tiene el deber de desempeñar con
arreglo a esta Constitución y a la ley.
Artículo 71: El sistema de la representación proporcional rige para todas las
elecciones populares.
Capítulo II
De las Bases para la Ley Electoral
Artículo 72: Las bases para la ley electoral son las siguientes:
1) Todos los ciudadanos de ambos sexos inscriptos en el Padrón Electoral tendrán
derecho a asociarse libremente en la formación de partidos políticos, siempre que
estos se desenvuelvan y sustenten en los principios republicanos, representativos,
federales y democráticos establecidos en la Constitución Nacional y se ajusten a
las disposiciones que se especifican en la ley respectiva.
2) El territorio de la provincia se constituye en distrito único a los fines de la
elección de Diputados y Senadores Provinciales.
3) No pueden obtener representación los partidos políticos que no tengan el
cociente y/o la cifra repartidora, en su caso.
4) Corresponde adjudicar los cargos respetando el orden de colocación de
candidatos en las listas oficializadas por la Junta Electoral. Los que siguen serán
considerados en calidad de suplentes, hasta terminar el mandato de aquellos, en
caso de vacancia por renuncia, destitución, muerte, enfermedad física o mental
que los imposibilite para cumplir con el mandato, inhabilitación que resuelve el
respectivo Cuerpo en la forma establecida en la presente Constitución.
Artículo 73: Toda elección se practicará sobre la base de un padrón electoral,
conforme a la ley.
Artículo 74: El voto será secreto y el escrutinio público.
Artículo 75: Toda elección se terminará en un solo día, sin que ninguna autoridad
pueda suspenderla sino por los motivos del artículo 81.
Artículo 76: Ningún funcionario o empleado público podrá hacer valer su
influencia para trabajos electorales, bajo las penas que establezca la ley.
Artículo 77: Ningún ciudadano inscripto que no haya sido movilizado, podrá ser
citado ni retenido para el servicio militar ordinario, desde 15 días antes de las
elecciones generales hasta 8 días después.
Artículo 78: La ley determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del
sufragio.
Artículo 79: Ninguna autoridad, a no ser la que preside la elección, podrá
mandarla suspender después de iniciada, ni ésta misma adoptar una medida tal
sin causa muy grave que la justifique.
Artículo 80: Las elecciones se harán en días fijos determinados por la ley; y toda
convocatoria a elección, ordinaria o extraordinaria, se hará públicamente y por lo
menos con un mes de anticipación a la fecha señalada para el acto electoral.
Artículo 81: El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a
elecciones, en caso de conmoción, insurrección, invasión, movilización de milicias,
o cualquier calamidad pública que las haga imposibles; y esto dando cuenta a la
Legislatura dentro del tercer día, para cuyo conocimiento la convocará si se
hallase en receso.
Capítulo III
De la Justicia Electoral
Artículo 82: La justicia con competencia electoral tiene dos instancias, de
conformidad con la ley de la materia.-
Artículo 83: La Junta Electoral tiene a su cargo la organización, el
funcionamiento y el escrutinio de los comicios y juzga sobre la validez o invalidez
de los mismos por razón de solemnidades y requisitos de forma externa. Está
integrada por el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, el Presidente
de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, ambos de la Primera Circunscripción
Judicial, y el juez con competencia electoral de primera instancia y cuenta con una
Secretaría permanente. Sus decisiones son apelables ante el tribunal con
competencia electoral de segunda instancia.
Cuando las elecciones se realicen simultáneamente en el orden provincial y
federal, el órgano podrá coordinar las tareas asignadas por esta Constitución con
la Junta Electoral Nacional de la provincia, conforme la normativa vigente en la
materia.
TÍTULO SEGUNDO
GOBIERNO PROVINCIAL
SECCIÓN PRIMERA
PODER LEGISLATIVO
Capítulo I
De su Composición
Artículo 84: El Poder Legislativo será ejercido por dos Cámaras, una de
Diputados y otra de Senadores, elegidos directamente por el pueblo con arreglo a
esta Constitución y a la Ley.
Capítulo II
De la Cámara de Diputados
Artículo 85: Mientras el aumento demográfico no lo exija, la Cámara de Diputados
se compone de 26 miembros.
La Legislatura determina, de conformidad a lo dispuesto anteriormente, el número
de habitantes que deba representar cada diputado, a fin de que, en ningún caso,
éstos excedan de treinta y tres (33).
Artículo 86: El Diputado dura en su cargo cuatro (4) años y puede ser reelegido.
La Cámara se renueva por mitades cada dos (2 ) años.
Artículo 87: Son requisitos para ser Diputado:
1) Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro (4) años de obtenida.
2) Veintidós (22) años de edad cumplidos.
3) Dos (2) años de residencia inmediata en la Provincia, para los que no son
naturales de ella.
Artículo 88: Es incompatible el cargo de Diputado con el de funcionario o
empleado público nacional, provincial o municipal, o de legislador de la Nación o
de otra Provincia, con excepción del profesorado y de las comisiones eventuales.
Estas últimas deben ser aceptadas con el consentimiento previo de la Cámara
respectiva.
Tampoco puede desempeñar esta función quien por propio derecho o como
gerente, apoderado, representante o abogado de empresas, tengan contrato de
carácter oneroso con el Estado Nacional, Provincial o Municipal.
El diputado que acepte el desempeño de un cargo público o rentado de la Nación
o de una provincia o municipio, o contratase con el Estado o municipio, o aceptase
la gerencia, apoderamiento, representación o patrocinio de una empresa que
contratare con el Estado o municipio, cesa como miembro de la Cámara previa
decisión del cuerpo por mayoría absoluta de sus miembros.
Artículo 89: No pueden ser Diputados los procesados, con auto de prisión
preventiva firme; los que hayan sido condenados a pena de reclusión o prisión; los
quebrados o concursados civilmente no rehabilitados y los afectados de
enfermedad física o mental que los imposibilite para cumplir con el mandato.
Cualquier Diputado o habitante de la Provincia puede denunciar ante la Cámara
de Diputados el mal desempeño, inconducta o delito cometido, a efecto de que se
trate la acusación, trámite que será admitido con la aprobación de la mayoría
absoluta de sus miembros.
Artículo 90: Toda persona puede denunciar ante la Cámara de Diputados al
Gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Miembros del
Superior Tribunal de Justicia, Fiscal General, Defensor General, Asesor General,
Defensor del Pueblo, Fiscal de Estado, Fiscal de Investigaciones Administrativas y
Miembros del Tribunal de Cuentas, por mal desempeño, inconducta o delitos.
Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados el tratamiento de la
denuncia y, en su caso, acusar ante el Senado de conformidad con el
procedimiento normado por esta Constitución.
Capítulo III
Del Senado
Artículo 91: Mientras el aumento demográfico no lo exija, la Cámara de
Senadores se compone de trece (13) miembros.
La Legislatura determina, de conformidad a lo dispuesto anteriormente, el número
de habitantes que deba representar cada senador, a fin de que, en ningún caso, el
número de éstos exceda de veinte (20).
Artículo 92: Son requisitos para ser Senador:
1) Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cinco (5) años de obtenida.
2) Tener treinta (30) años de edad.
3) Cuatro (4) años de domicilio inmediato en la Provincia, para los que no son
naturales de ella.
Artículo 93: Son aplicables al cargo de Senador las incompatibilidades
establecidas para ser Diputado.
Artículo 94: El Senador dura seis (6) años en su cargo y puede ser reelegido. El
Senado se renueva por terceras partes cada dos (2) años.
Artículo 95: El Vicegobernador de la Provincia es Presidente nato del Senado,
pero no tendrá voto sino en caso de empate.
Artículo 96: El Senado nombrará cada año un Vicepresidente 1º y un
Vicepresidente 2º que entrarán a desempeñar el cargo por su orden, en defecto
del Presidente nato.
Artículo 97: Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los
acusados por la Cámara de Diputados.
Cuando el acusado fuese el Gobernador o Vicegobernador de la Provincia, el
Senado será presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, pero no
tendrá voto sino en caso de empate.
El fallo del Senado en estos casos, no tendrá más efectos que destituir al
acusado; pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y
castigo conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios.
Artículo 98: El fallo del Senado debe darse dentro del período de sesiones en que
se hubiere iniciado el juicio, prorrogándose si fuese necesario hasta terminarlo.
En ningún caso podrá durar más de ciento veinte (120) días, quedando absuelto el
acusado si no recayese resolución dentro de este término. Éste se computará en
días corridos, desde el momento en que la Cámara de Diputados ejerza la
atribución del artículo 132, inciso 6.
Capítulo IV
De las Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras
Artículo 99: Ambas Cámaras se reunirán en Sesiones Ordinarias todos los años,
desde el 1° de marzo al 30 de noviembre. Funcionarán en la Capital de la
Provincia, pero podrán hacerlo por causas graves en otro punto, cuando proceda
por disposición de las mismas Cámaras.
Las Sesiones Ordinarias pueden prorrogarse por 30 (treinta) días, por disposición
de ambas Cámaras, a través del voto de la mayoría absoluta de los miembros de
cada una de ellas, o por el Poder Ejecutivo.
Artículo 100: Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Poder
Ejecutivo, o por el Presidente de la Asamblea Legislativa a petición escrita de la
quinta parte del total de los miembros de cada Cámara.
Artículo 101: En caso de convocatoria extraordinaria, no podrán ocuparse sino
del asunto o asuntos para que hayan sido convocadas, excepto el caso de juicio
político.
Artículo 102: Inician el período de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, por sí
mismas, reunidas en asamblea, debiendo en el primer caso el Gobernador de la
Provincia, dar cuenta del estado de la administración.
Artículo 103: Cada Cámara es juez exclusivo de las elecciones y requisitos
personales de sus miembros, no pudiendo en tal caso, o cuando proceda como
cuerpo elector, reconsiderar sus resoluciones.
Artículo 104: No podrán entrar en sesión sin la mayoría absoluta de sus
miembros pero podrán reunirse en minoría al sólo efecto de acordar las medidas
necesarias para compeler a los inasistentes, en los términos y bajo las penas que
cada Cámara establezca.
Artículo 105: Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente el período
de sesiones. Ninguna de ellas podrá suspenderla por más de tres (3) días sin
consentimiento de la otra.
Artículo 106: Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos
de la totalidad de sus miembros, corregir a cualquiera de ellos por desorden de
conducta en el ejercicio de sus funciones y aun declararlo cesante en caso de
reincidencia, inasistencia notable, indignidad o inhabilidad física o moral
sobreviniente a su incorporación. Bastará la simple mayoría para decidir de las
renuncias que hicieren a sus cargos.
Artículo 107: Los Senadores y Diputados prestarán, en el acto de su
incorporación, juramento por Dios y por la Patria, o harán afirmación por su honor,
de desempeñar fielmente el cargo.
Artículo 108: Los miembros del Poder Legislativo son inviolables por las
opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos. No
hay autoridad alguna que pueda procesarlo, ni reconvenirlo en ningún tiempo por
tales causas.
Artículo 109: Los Diputados y Senadores gozarán de completa inmunidad en su
persona, desde el día de su elección hasta el de su cese; y no podrán ser
detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos «in fraganti» en
la ejecución de algún delito que merezca pena de muerte, presidio o penitenciaria,
en cuyo caso debe darse cuenta a la Cámara respectiva con la información
sumaria del hecho para que ésta resuelva lo que corresponda sobre la inmunidad
personal.
Artículo 110: Cuando se deduzca querella pública o privada contra cualquier
Senador o Diputado, examinando el mérito de la causa, la respectiva Cámara, con
dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, podrá suspender en sus
funciones al acusado y participarlo al juez competente para su juzgamiento.
Artículo 111: Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los Ministros del Poder
Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes
citándolos con un día de anticipación por lo menos, salvo los casos de urgencia y
comunicándoles en la citación los puntos sobre los cuales deban informar.
Esta facultad podrá ejercerla aun cuando se trate de sesiones de prórroga o
extraordinarias.
Artículo 112: Cada Cámara podrá también pedir al Poder Ejecutivo, los datos e
informes que crea necesarios sobre todo asunto de interés público.
Artículo 113: Podrá también expresar su opinión por medio de resoluciones o
declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte los intereses
generales de la Provincia o de la Nación.
Artículo 114: Los Senadores y Diputados gozarán de una remuneración
determinada por ley, la que no podrá ser aumentada sino con dos tercios de votos
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Artículo 115: Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un
grave interés declarado por ellas mismas exigiere lo contrario.
Artículo 116: Cada Cámara tendrá autoridad para corregir con arresto, que no
pase de un mes, a toda persona de fuera de su seno que viole sus privilegios, con
arreglo a los principios parlamentarios, pudiendo, cuando el caso fuere grave,
pedir su enjuiciamiento a los Tribunales ordinarios.
Artículo 117: En todos los casos en que se requiera dos tercios de votos, se
computará el del Presidente, siempre que éste sea miembro del Cuerpo.
Se entenderá que concurren los dos tercios, cuando el número de votos en favor
sea por lo menos doble del número de votos en contra.
Capítulo V
De las Atribuciones del Poder Legislativo
Artículo 118: Corresponde al Poder Legislativo:
1) Aprobar o desechar los convenios internacionales y los tratados hechos con las
demás provincias para fines de interés público.
2) Legislar sobre industrias, inmigración, construcción de ferrocarriles y canales
navegables, colonización de sus tierras, importación de capitales extranjeros y
explotación de sus ríos.
3) Legislar sobre la organización de las Municipalidades y Policías de acuerdo con
lo que establece al respecto la presente Constitución.
4) Dictar planes generales sobre educación o cualquier otro objeto de interés
común y municipal, dejando a las respectivas municipalidades la ampliación de
estos últimos.
5) Determinar las formalidades con que se ha de llevar uniformemente el registro
del estado civil de las personas.
6) Establecer anualmente los impuestos y contribuciones para los gastos del
servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia.
7) Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Procederá a
sancionar dicho presupuesto, tomando por base el vigente, si el Poder Ejecutivo
no presentase el proyecto antes del último mes de las sesiones ordinarias. Si la
Legislatura no sancionase el presupuesto general de gastos y la ley de impuestos,
seguirán en vigencia para el año entrante las leyes existentes de presupuesto e
impuestos en sus partidas ordinarias.
8) Aprobar, observar o desechar anualmente las cuentas de inversión que le
remitirá el Poder Ejecutivo en todo el mes de Mayo de cada año, abrazando el
movimiento administrativo hasta el treinta y uno (31) de Diciembre próximo
anterior.
9) Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, siempre
que no sean de los establecidos por esta Constitución, determinando sus
atribuciones, responsabilidades y dotación. Dictará oportunamente una ley de
sueldos.
10) Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades
civiles de los funcionarios y especialmente de los recaudadores y administradores
de dineros públicos.
11) Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración.
12) Acordar amnistía por delitos políticos.
13) Autorizar la reunión o movilización de las milicias, o parte de ellas, en los
casos previstos por la Constitución Nacional o en aquellas en que la seguridad
pública de la Provincia lo exija, y aprobar y desaprobar la movilización que en
cualquier tiempo hiciese el Poder Ejecutivo sin autorización previa.
14) Fijar anualmente las fuerzas de policía al servicio de la Provincia.
15) Conceder privilegios por un tiempo limitado o recompensas de estímulo a los
autores o inventores, perfeccionadores o primeros introductores de nuevas
industrias a explotarse en la Provincia.
No podrá otorgarse exoneración de impuestos por un término que exceda de
treinta (30) años, tampoco podrán concederse monopolios.
16) Legislar sobre tierras públicas y el Homestead.
17) Disponer del uso y enajenación de las tierras de la Provincia.
18) Autorizar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.
19) Dictar las leyes de organización de los Tribunales y de procedimientos
judiciales.
20) Autorizar el establecimiento de bancos dentro de las prescripciones de la
Constitución Nacional.
21) Facultar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos, o emitir fondos públicos,
de conformidad con el artículo 19 de esta Constitución.
22) Dictar la Ley General de Elecciones.
23) Acordar subsidios a las Municipalidades cuyas rentas no alcancen, según sus
presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
24) Convocar a elecciones si el Poder Ejecutivo no lo hiciere en el término y con la
anticipación determinada en la ley.
25) Admitir o desechar la renuncia que de su cargo hiciere el Gobernador o
Vicegobernador, reunidas para el efecto ambas Cámaras.
26) Conceder o negar licencia al Gobernador y Vicegobernador, para salir
temporalmente fuera de la Provincia o de la Capital, en los casos del artículo 151.
27) Autorizar la cesión de parte del territorio de la Provincia, con dos tercios de
votos de la totalidad de sus miembros, para objetos de utilidad pública nacional,
provincial, o con unanimidad de votos de la totalidad de ambas Cámaras, cuando
dicha sesión importe desmembramiento de territorio y abandono de jurisdicción,
sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 2º.
28) Dictar la ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles por servicios prestados a la
Provincia.
29) Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los
poderes y autoridades que establece esta Constitución, así como las conducentes
al mejor desempeño de las anteriores atribuciones; y para todo asunto de interés
público y general de la Provincia, que por su naturaleza y objeto no corresponda
privativamente a los poderes nacionales.
Capítulo VI
De la Formación y Sanción de las Leyes
Artículo 119: Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras, por
proyectos presentados por alguno o algunos de sus miembros, o por el Poder
Ejecutivo.
Artículo 120: Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su
discusión a la otra Cámara, aprobado por ambas Cámaras pasará al Poder
Ejecutivo para su examen y si también lo aprobase, lo promulgará.
Se reputará promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez (10) días hábiles.
Artículo 121: Si antes del vencimiento de los diez (10) días hubiese tenido lugar la
clausura de las Cámaras el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término,
remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo
requisito no tendrá efecto el veto.
Artículo 122: Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo,
vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo,
previo pase a comisión, y si lo confirma por mayoría de dos tercios, pasa otra vez
a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el
proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de
ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los
nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder
Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren
sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
En cuanto a la ley de presupuesto y a las leyes impositivas que fuesen observadas
por el Poder Ejecutivo, se considerarán sólo en la parte objetada, tomándose cada
artículo independientemente y quedando en vigencia lo demás de ellas.
Artículo 123: Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras
puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego
hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere
objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el
resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron
realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de
los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes
aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la
redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado
la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el
proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara
revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el
voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá
introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara
revisora.
Artículo 124: Ningún proyecto sancionado por una de las Cámaras, en las
sesiones de un año, puede ser postergado para su revisión sino hasta el período
siguiente; pasado éste, se reputará nuevo asunto y seguirá como tal la tramitación
establecida para cualquier proyecto que se presente por primera vez.
Artículo 125: Si un proyecto de ley observado volviese a ser sancionado en uno
de los dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá
observarlo de nuevo y estará obligado a promulgarlo como ley.
Artículo 126: No podrá iniciarse en una Cámara un proyecto de ley sobre la
misma materia y con el mismo objeto que sirviese de base a otro proyecto de ley
ya presentado en la otra Cámara y del que se hubiere dado cuenta en sesión, aun
cuando su discusión no hubiese comenzado. Si la Cámara en que se presenta
primeramente el proyecto no se ocupase de él dos (2) meses después de su
presentación, la otra podrá ocuparse del mismo asunto como Cámara iniciadora.
Capítulo VII
De la Asamblea General
Artículo 127: Las Cámaras sólo se reunirán en Asamblea General para el
desempeño de las funciones siguientes:
1 ) Para la apertura de las sesiones.
2) Para recibir el juramento de ley al Gobernador y Vicegobernador de la
Provincia.
3) Para declarar, con dos tercios del total de los miembros de cada Cámara, los
casos de impedimentos del Gobernador, Vicegobernador, o de la persona que
ejerza el Poder Ejecutivo y el de proceder a nueva elección.
4) Para los demás actos determinados en esta Constitución.
Artículo 128: Todos los nombramientos que se refieren a la Asamblea General,
deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes.
Si hecho el escrutinio no resultare candidato con mayoría absoluta, deberá
repetirse la votación, concretándose a los dos candidatos que hubieren obtenido
más votos en la anterior, y en caso de empate decidirá el Presidente.
Artículo 129: De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos
por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado.
Artículo 130: Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el
Vicegobernador, en su defecto por el Vicepresidente primero del Senado y a falta
de este por el Presidente de la Cámara de Diputados y en su ausencia por el
Vicepresidente segundo del Senado y Vicepresidentes de la Cámara de Diputados
por su orden.
Artículo 131: No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los
miembros de cada Cámara.
Capítulo VIII
De las Bases para el Procedimiento de Juicio Político
Artículo 132: La acusación de funcionarios sujetos a juicio político será
presentada a la Cámara de Diputados, en la que se observarán las siguientes
reglas, que la Legislatura podrá ampliar por medio de una ley reglamentaria, pero
sin alterarlas o restringirlas:
1) La acusación o denuncia se hará por escrito, determinando con toda precisión
los hechos que sirvan de fundamento.
2) Presentada que fuere, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple
mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé
lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará
de hecho desestimada, y si fuera en sentido afirmativo pasará a la Comisión.
3) En una de sus primeras sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados nombrará
anualmente, por votación directa, una Comisión encargada de investigar la verdad
de los hechos en que se funde la acusación, quedando a este fin revestida de
amplias facultades.
4) El acusado tendrá derecho a ser oído por la Comisión de investigación, de
interpelar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de
descargos que tuviere.
5) La Comisión de investigación consignará por escrito todas las declaraciones e
informes relativos al proceso, que elevará a la Cámara con un informe escrito, en
que expresará su dictamen fundado en favor o en contra de la acusación. La
Comisión deberá terminar sus diligencias en el perentorio término de veinte (20)
días hábiles.
6) La Cámara decidirá si se acepta o no el dictamen de la Comisión de
investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de
sus miembros, cuando el dictamen fuese favorable a la acusación.
7) Desde el momento en que la Cámara haya aceptado la acusación contra un
funcionario público, éste quedará de hecho suspendido en sus funciones, gozando
de medio sueldo.
8) En la misma sesión, en que se admitiese la acusación, la Cámara nombrará de
su seno una Comisión de tres (3) miembros para que la sostenga ante el Senado,
al cual será comunicado dicho nombramiento al enviarle formulada la acusación.
9) El Senado se constituirá en Cámara de justicia, y enseguida señalará término
dentro del cual deba el acusado contestar la acusación, citándosele al efecto y
entregándosele en el acto de la citación copia de la acusación y de los
documentos con que haya sido instruida. El acusado podrá comparecer por sí o
por apoderado, y si no compareciese será juzgado en rebeldía. El término para
responder a la acusación no será menor de nueve (9) días, aumentando con uno
por cada dos leguas.
10) Se leerán en sesión pública tanto la acusación como la defensa. Luego se
recibirá la causa a prueba, fijando previamente el Senado los hechos a que deba
concretarse, y señalando también un término suficiente para producirla.
11) Vencido el término de prueba, el Senado designará día para oír, en sesión
pública, a la Comisión acusadora y al acusado, sobre el mérito de la producida. Se
garantiza en este juicio la libre defensa y la libre representación.
12) Concluida la causa, los senadores discutirán en sesión secreta el mérito de la
prueba, y terminada esta discusión se designará día para pronunciar en sesión
pública el veredicto definitivo, lo que se efectuará por votación nominal sobre cada
cargo, por “sí” o por “no”.
13) Ningún acusado podrá ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios
de votos de la totalidad de los miembros del Senado. Si de la votación resultase
que no hay número suficiente para condenar al acusado con arreglo al artículo 97
de esta Constitución, se le declarará absuelto. En caso contrario el Senado
procederá a redactar la sentencia.
14) Declarado absuelto el acusado, quedará «ipso facto» restablecido en la
posesión del empleo, debiendo, en tal caso, integrársele su sueldo por el tiempo
de la suspensión.
Capítulo IX
Del Tribunal de Cuentas
Artículo 133: El Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo de la
hacienda pública provincial. Tiene facultad para aprobar o desaprobar la
percepción e inversión de caudales públicos realizadas por los funcionarios,
empleados y administradores de la Provincia. Tiene autonomía funcional y
autarquía financiera. Los sujetos privados que perciban o administren fondos
públicos provinciales están sometidos a su jurisdicción.
Artículo 134: Está integrado por cinco (5) miembros, dos (2) de ellos con título de
Abogado y tres (3) de Contador Público. Son designados por el Poder Ejecutivo
con acuerdo del Senado. Se requiere haber cumplido treinta (30) años de edad y
ocho (8) años de ejercicio en la profesión. Elegirán de su seno un Presidente, el
que se renovará anualmente.
Artículo 135: Los miembros del Tribunal de Cuentas son inamovibles mientras
dure su buena conducta y sólo pueden ser removidos por juicio político. Tienen
iguales inhabilidades, incompatibilidades, derechos e inmunidades que los
miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 136: En la cuenta general del ejercicio, su intervención se limita al
examen de ella y al informe de los aspectos legales y contables de la misma, a fin
de que la Legislatura ejerza la facultad que le confiere la Constitución Provincial.
Artículo 137: Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta (30)
días corridos después de su notificación y son recurribles ante el fuero
contencioso administrativo. Las acciones para la ejecución de las decisiones del
Tribunal de Cuentas son ejercidas por el Fiscal de Estado.
Artículo 138: El Tribunal de Cuentas tiene competencia para el control externo de
la hacienda pública municipal solamente cuando no exista en el Municipio un
órgano con las mismas funciones.
Capítulo X
Del Defensor del Pueblo
Artículo 139: El Defensor del Pueblo de la Provincia es un órgano unipersonal e
independiente, instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena
autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de ninguna
autoridad. Es designado por el Poder Legislativo con el voto de las dos terceras
(2/3) partes del total de los miembros de cada una de las Cámaras y sólo puede
ser removido por juicio político.
Goza de las inmunidades y prerrogativas de los legisladores.
Dura en la función cinco (5) años y puede ser designado en forma consecutiva por
una sola vez.
Artículo 140: Su misión es la promoción y protección de los derechos humanos y
demás derechos e intereses de incidencia colectiva y difusos, tutelados por el
ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente y
órgano público; el control del ejercicio de toda función administrativa, sin que
resulte menester que medie afectación de derechos, y la supervisión de la eficacia
en la prestación de los servicios públicos.
Artículo 141: Tiene facultades de investigación en todo aquello que es de su
competencia. Las autoridades y prestadores de servicios públicos están obligados
a brindarle colaboración con carácter preferente.
Artículo 142: Tiene legitimación procesal y puede actuar en sede judicial o
administrativa frente a todo acto u omisión de autoridad pública que comprometa
actual o potencialmente intereses de incidencia colectiva.
Posee iniciativa legislativa y puede proponer a todo poder, ente u órgano
provincial reformas legales, quienes tienen el deber de considerarlas.
Actúa bajo los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio,
sumariedad y accesibilidad.
Su competencia, organización y funcionamiento son regulados por la ley.
Capítulo XI
De la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Artículo 143: El Fiscal de Investigaciones Administrativas tiene a su cargo la
investigación de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la
administración pública, de los entes descentralizados y autárquicos, y de las
empresas y sociedades del Estado, controladas por éste o en las que tenga
participación.
Artículo 144: El Fiscal de Investigaciones Administrativas es designado por el
Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Debe reunir los mismos requisitos que
para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y tiene las mismas
prerrogativas e inmunidades.
Permanece en su cargo mientras dure su buena conducta y sólo es removido por
juicio político.
Artículo 145: La ley establece la organización, funciones, competencia y
procedimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
SECCION SEGUNDA
PODER EJECUTIVO
Capítulo I
De su Naturaleza y Duración
Artículo 146: El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título
de Gobernador de la Provincia, y en su defecto, por un Vicegobernador elegido al
mismo tiempo y por el mismo período que aquél.
Artículo 147: Para ser Gobernador y Vicegobernador se requiere:
1) Tener treinta (30) años de edad.
2) Haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de padre y madre nacidos en
territorio argentino si se nació en país extranjero, y estar en ejercicio de la
ciudadanía.
3) Haber tenido domicilio en la Provincia, el nativo de ella, durante los tres (3) años
inmediatos a la elección y el no nativo durante seis (6) años, salvo respecto del
primer caso que la ausencia haya sido motivada por servicio público de la Nación
o de la Provincia.
Artículo 148: El Gobernador y Vicegobernador durarán cuatro (4) años en el
ejercicio de sus funciones, y cesarán el mismo día en que expire el periodo legal,
sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se les
complete más tarde.
Gozarán de un sueldo que les será pagado del Tesoro de la Provincia en épocas
fijas, el que no podrá ser alterado para ellos en el período de su mando.
Durante éste, no podrán ejercer otro empleo, ni recibir emolumento alguno de la
Nación o de la Provincia.
Artículo 149: El tratamiento oficial del Gobernador y del Vicegobernador, en el
desempeño del mando será el de Excelencia.
Artículo 150: El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelectos o
sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos,
o se han sucedido recíprocamente, no podrán ser elegidos para alguno de ambos
cargos sino con intervalo de cuatro (4) años computado a partir del día en que
cesó el periodo legal para el que fueron electos.
Artículo 151: El Gobernador y Vicegobernador, en ejercicio de sus funciones,
deben residir en la Capital de la Provincia y no pueden ausentarse de ella por más
de treinta (30) días sin permiso de las Cámaras y por más de ocho (8) días fuera
del territorio provincial, dos veces consecutivas sin este requisito.
En caso de hacerlo sin permiso, quedarán cesantes de los puestos respectivos,
previo juicio político.
Artículo 152: En el receso de las Cámaras sólo pueden ausentarse cuando la
conservación del orden público, un asunto urgente de interés general o una grave
enfermedad lo exija dando cuenta a aquellas oportunamente.
En caso de no observarse estos requisitos, se hacen pasibles de las cesantías
prescriptas en el artículo anterior.
Artículo 153: En caso de muerte, renuncia o destitución del Gobernador, las
funciones de su cargo pasan al Vicegobernador, que las ejerce durante el resto del
período constitucional; y en caso de ausencia, suspensión u otro impedimento,
hasta que cesen estas causas.
Artículo 154: En caso de separación o impedimento del Gobernador y
Vicegobernador el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente primero del
Senado y en defecto de éste por el Presidente de la Cámara de Diputados y
sucesivamente por los funcionarios que, según el orden establecido en el artículo
130, deben ejercer la Presidencia de la Asamblea quienes, en su caso,
convocarán dentro de tres (3) días a nueva elección para llenar el período
corriente, siempre que de éste falte cuanto menos un año y medio y que la
separación o impedimento del Gobernador y Vicegobernador fuere absoluto.
En caso de procederse a nueva elección, ésta no podrá recaer en el que ejerza el
Poder Ejecutivo.
Artículo 155: Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y Vicegobernador
prestarán juramento ante el Presidente de la Asamblea Legislativa en los términos
siguientes:
«Yo N.N. juro por Dios y la Patria (o por mi honor y la Patria) que desempeñaré
con fidelidad el cargo de Gobernador (o Vicegobernador), cumpliendo y haciendo
cumplir lealmente las Constituciones de la Nación y de la Provincia».
Capítulo II
De la Forma y del Tiempo en que debe hacerse
la Elección de Gobernador y Vicegobernador
Artículo 156: El Gobernador y el Vicegobernador de la Provincia son elegidos
directamente por el pueblo en doble vuelta. A este fin el territorio provincial
conforma un distrito único. La convocatoria a elección se efectúa entre los seis (6)
y tres (3) meses y la elección debe realizarse entre los cuatro (4) y dos (2) meses,
en ambos casos antes de la conclusión del mandato del Gobernador y
Vicegobernador en ejercicio.
Si la fórmula que resulta ganadora en la primera vuelta hubiera obtenido más del
cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos,
sus integrantes serán proclamados como Gobernador y Vicegobernador de la
Provincia. También lo serán si hubiera obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo
menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera sobre la
fórmula que le sigue en número de votos, una diferencia mayor a diez (10) puntos
porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos.
Artículo 157: Si ninguna de las fórmulas intervinientes alcanzare la mayoría
requerida, se convocará a un nuevo comicio, que deberá celebrarse dentro de los
veintiún (21) días posteriores al primero. En esta segunda compulsa la elección se
contraerá a las dos fórmulas que en la primera vuelta resultaron más votadas,
adjudicándose los cargos en disputa a aquella que obtuviera la mayoría. Si antes
de celebrarse la segunda vuelta se produjera el fallecimiento o cualquier
impedimento legal de un candidato que debía participar en ella, el partido o alianza
que lo propuso deberá recomponer su fórmula, incorporando al binomio el primer
candidato a senador o el primer candidato a diputado provincial de las últimas
listas oficializadas.
Artículo 158: En caso de registrarse empate en la oportunidad a que se refiere el
artículo 157, la Asamblea Legislativa elegirá al Gobernador y Vicegobernador con
el voto de la mayoría de los miembros presentes, en sesión especial que deberá
convocarse con cuarenta y ocho (48) horas de antelación, dentro de los tres (3)
días de recibida la comunicación del artículo 159, la que deberá concluir antes del
quinto día de iniciada. De subsistir la paridad, tras la primera votación, el
Presidente del cuerpo definirá la elección.
Artículo 159: Dentro de los diez (10) días posteriores a la elección, la Junta
Electoral aprobará el comicio y hará saber su nombramiento a los electos, si así
correspondiere, acompañándole copia autorizada del acta que se labrase, previo
el escrutinio y formalidades que prescriben los artículos 72 y 83 de esta
Constitución. Igual comunicación remitirá al Presidente de la Asamblea Legislativa
y al Poder Ejecutivo.
Artículo 160: El Gobernador y Vicegobernador asumirán sus funciones el día en
que expire el mandato constitucional de sus predecesores, considerándoselos
dimitentes si no lo hicieren. En caso de mediar impedimento legal justificado,
podrán hacerlo hasta sesenta (60) días después. Si fuere imposible cumplimentar
la exigencia del juramento ante el órgano que refiere el artículo 155, ambos
funcionarios lo prestarán en presencia del Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 161: A los fines de lo previsto en el artículo 156, cada partido o alianza
postulará un candidato a Gobernador y Vicegobernador, no podrá utilizarse en
ningún caso, el sistema de doble voto acumulativo o simultáneo.
Capítulo III
De las Atribuciones y Deberes del Poder Ejecutivo
Artículo 162: El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1) Es el primer mandatario legal de la Provincia y ejerce la jefatura de su
administración, conforme a esta Constitución y a las leyes que en su consecuencia
se dicten.
2) Participa en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución, las
promulga y expide decretos, instrucciones y reglamentos para su ejecución sin
alterar su espíritu.
3) Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes, por
proyectos presentados a cualquiera de las Cámaras Legislativas.
4) Propone asimismo a la Legislatura la concesión de primas o de recompensas
de estímulo a favor de la industria.
5) Convoca a elecciones populares.
6) Conmuta las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial,
previo informe del Tribunal correspondiente, excepto en los casos en que el
Senado conozca como juez. Esta facultad sólo puede ser usada en cada caso
individual y ningún condenado puede ser beneficiado con más de una
conmutación.
7) Celebra y firma convenios internacionales y tratados parciales con las demás
provincias para fines de interés público, dando conocimiento al Congreso
Nacional, en el marco de lo preceptuado por los artículos 124 y 125 de la
Constitución Nacional.
8) Representa a la Provincia en todas sus relaciones oficiales.
9) Recauda los impuestos y rentas de la Provincia, y decreta su inversión con
estricta sujeción a la Ley de Presupuesto, no pudiendo dar a los caudales del
Estado otro destino que el específicamente indicado por la Ley. La inobservancia
de esta disposición lo hace pasible de juicio político. El Fisco puede ejecutar el
pago, quedando expedita al contribuyente la acción judicial correspondiente,
previa constancia de haber pagado, salvo los casos excepcionales y
taxativamente establecido por ley.
10) Nombra a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Jueces de
Cámaras, Fiscales, Jueces de Primera Instancia, miembros de los Ministerios
Públicos, Fiscal y Pupilar y demás funcionarios determinados en esta Constitución,
con arreglo a ella y a las leyes que se dicten.
11 ) Nombra y remueve a sus Ministros, funcionarios y demás empleados de la
administración, cuya designación no esté acordada a otro poder con sujeción a las
leyes que se dicten.
12) Prorroga las sesiones ordinarias y convoca a sesiones extraordinarias de las
Cámaras, en los casos previstos en los artículos 99 y 100.
13) Es Jefe superior de las milicias provinciales y dispone de ellas en los casos
que establece la Constitución y las leyes nacionales.
14) Instruye a las Cámaras con un mensaje, en la apertura de sus sesiones, sobre
el estado general de la administración.
15) Presenta a las Cámaras Legislativas, dentro del término del artículo 118 el
proyecto de la Ley de Presupuesto para el año siguiente, acompañado del plan de
recursos y da cuenta del uso y ejercicio del presupuesto anterior. El presupuesto
no podrá destinar más del setenta por ciento (70%) del total de los recursos
ordinarios para el pago de sueldos.
16) Presta el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia, a los
Presidentes de las Cámaras legislativas y a las Municipalidades, cuando lo
soliciten.
17) Toma las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por
todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta Constitución y
las leyes vigentes.
18) Ejerce la fiscalización sobre las reparticiones y organismos autárquicos para
asegurar el cumplimiento de los fines respectivos y puede decretar la intervención
ad referéndum de la Legislatura.
19) Tiene bajo su vigilancia la seguridad del territorio, de sus habitantes y de las
reparticiones y establecimientos públicos de la Provincia.
20) Conoce originariamente y resuelve los negocios contenciosos administrativos
de «plena jurisdicción».
21) Es responsable política y jurídicamente de los actos que realice en
contravención de normas constitucionales o legales.
Artículo 163: El Gobernador no puede expedir resolución, ni decretar sin la firma
del Ministro respectivo. Podrá, no obstante, en caso de acefalía del Ministerio,
autorizar por un decreto al empleado mas caracterizado del mismo para refrendar
sus actos, quedando éste sujeto a las responsabilidades de los Ministros.
Artículo 164: Durante el receso de la Legislatura sólo podrán decretarse
erogaciones en acuerdos de Ministros en los casos de los incisos 17 y 19 del
artículo 162 y en los de necesidad imperiosa e impostergable, con cargo de dar
cuenta a aquella en sus primeras sesiones.
Capítulo IV
De los Ministros Secretarios del Despacho
Artículo 165: El despacho de los asuntos administrativos estará a cargo de dos o
más Ministros Secretarios. Una ley fijará el número de ellos, así como las
funciones y los ramos adscriptos al despacho respectivo.
Artículo 166: Para ser nombrado Ministro se requiere las mismas condiciones que
esta Constitución exige para ser elegido Diputado.
Artículo 167: Los Ministros despacharán de acuerdo con el Gobernador y
refrendarán con su firma los actos gubernativos sin cuyo requisito no tendrán
efecto, ni se le dará cumplimiento.
Podrán, no obstante, resolver por sí solos en todo lo referente al régimen interno y
disciplinario de sus respectivos departamentos y dictar providencias o
resoluciones de trámite.
Artículo 168: Son responsables de todas las resoluciones y órdenes que
autoricen sin que puedan eximirse de responsabilidad por haber procedido en
virtud de orden del Gobernador.
Artículo 169: Los Ministros podrán concurrir a las sesiones de las Cámaras y
tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto. Se les dará el tratamiento de
Señoría y gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no
podrá ser alterado para ello durante el tiempo que desempeñen sus funciones.
Artículo 170: Luego que la Legislatura abra sus sesiones, deberán los Ministros
del despacho presentar una memoria detallada del estado de la Provincia en lo
relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.
Capítulo V
Del Contador y Tesorero de la Provincia
Artículo 171: El Contador y el Tesorero serán nombrados por el Gobernador con
acuerdo del Senado.
Artículo 172: El Contador podrá observar o no liquidar órdenes de pago que no
estén arregladas a la Ley General de Presupuesto o Leyes Especiales, o a los
acuerdos del Poder Ejecutivo dictado en los casos del artículo 164.
Artículo 173: El Tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente
autorizados por el Contador, con arreglo a lo que dispone el artículo anterior.
Artículo 174: Las calidades del Contador y Tesorero, las causas por que pueden
ser removidos y las responsabilidades a que están sujetos, serán determinadas
por la Ley de Contabilidad.
Capítulo VI
De la Fiscalía de Estado
Artículo 175: EL Fiscal de Estado tiene a su cargo el asesoramiento y control de
legalidad de los actos de la administración publica provincial. Ejerce la defensa de
los intereses y derechos de la Provincia ante los tribunales de justicia en los casos
y en la forma que establecen la Constitución y las leyes, desempeña las demás
funciones que éstas le encomiendan, y es parte legítima en todos los procesos
donde se controviertan intereses o bienes del Estado Provincial.
Tiene autonomía funcional y personería para sostener la nulidad o
inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, contrato o resolución que
puedan perjudicar los intereses fiscales. La ley determinará los casos y la forma
en que habrá de ejercer sus funciones.
Artículo 176: Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, goza
de inamovilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo puede ser
removido mediante juicio político. Ejerce sus funciones durante el período del
gobernador que lo ha designado.
Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que las exigidas
para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, y tiene iguales inhabilidades,
incompatibilidades, derechos e inmunidades.-
Artículo 177: Bajo pena de nulidad, es necesario el dictamen jurídico de la
Fiscalía de Estado previo al acto administrativo en los casos que establezca la ley.
SECCIÓN TERCERA
PODER JUDICIAL
Capítulo I
De su Composición
Artículo 178: El Poder Judicial será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia,
Cámaras de Apelaciones y demás Jueces Letrados de Primera Instancia e
Inferiores y por Jurados, cuando se establezca esa institución.
La ley determinará el número de miembros de que se compondrá el Superior
Tribunal de Justicia y las Cámaras de Apelaciones, la jurisdicción de éstas y la
manera de constituirlas.
Artículo 179: La Provincia se dividirá por una ley en distritos o circunscripciones
judiciales.
Artículo 180: En ningún caso el Poder Ejecutivo o la Legislatura podrán arrogarse
atribuciones judiciales, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes.
Actos de esta naturaleza llevan consigo una insanable nulidad.
Artículo 181: Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y de las
Cámaras de Apelaciones, se requiere: ciudadanía argentina en ejercicio, ser
diplomado en derecho por una Facultad de la República, tener treinta (30) años de
edad, y cuatro (4) de ejercicio de la profesión o en el desempeño de la
magistratura; y para ser Juez de Primera Instancia, tener veinticinco (25) años de
edad, dos (2) en el ejercicio de la profesión y demás requisitos exigidos para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 182: Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Fiscal General, el
Defensor General y el Asesor General son designados por el Poder Ejecutivo con
acuerdo del Senado. Los demás jueces y funcionarios del Ministerio Público, son
propuestos en terna vinculante por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y designados por éste con acuerdo del Senado. En todos los casos, el
Senado escuchará en audiencia pública las impugnaciones de los ciudadanos
sobre la persona del propuesto, otorgando a éste la oportunidad de responderlas.
Artículo 183: En el caso de vacantes o licencias prolongadas, el Superior Tribunal
de Justicia puede designar temporalmente, previo sorteo público, jueces y
funcionarios del Ministerio Público sustitutos. El sorteo se realizará, en orden
preferente, entre quienes hayan concursado y aprobado los exámenes para el
fuero y circunscripción de que se trate, luego entre los jueces y funcionarios
judiciales jubilados y, por último, entre abogados con más de quince (15) años en
el ejercicio de la profesión.
La nómina de jueces y funcionarios del Ministerio Público sustitutos, en el orden
señalado, es confeccionada anualmente por el Superior Tribunal de Justicia y
remitida al Senado para su aprobación.
Artículo 184: Los miembros del Superior Tribunal de Justicia, Jueces de
Cámaras, Jueces de Primera Instancia y funcionarios del Ministerio Público
conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y reciben por sus
servicios una compensación que debe determinar la ley, la que no puede ser
disminuida en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones y es
abonada en épocas fijas.
La retribución de los miembros del Superior Tribunal de Justicia no puede ser
inferior a la que perciban los Ministros Secretarios del Poder Ejecutivo.
Artículo 185: Las sentencias que pronuncien los jueces deben tener motivación
autosuficiente y constituir derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable
a los hechos comprobados de la causa.
Artículo 186: Ningún magistrado o funcionario del Ministerio Público puede ser
trasladado o ascendido sin su consentimiento.
Capítulo II
De las Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia
Artículo 187: Las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia son las siguientes:
1) Ejerce la jurisdicción en grado de apelación, para conocer y resolver la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos que
estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y que se controvierta por
parte interesada, en juicio contradictorio.
2) Conoce y resuelve originaria y exclusivamente las causas de competencia entre
los poderes públicos de la Provincia, las que ocurran entre los Tribunales de
Justicia con motivo del ejercicio de sus respectivas competencias, las cuestiones
entre un municipio y un poder provincial, entre los dos municipios y entre las
ramas del mismo municipio.
3) Nombra y remueve sus empleados y los de los Jueces de. Primera Instancia a
propuesta o indicación de éstos. Las Cámaras de Apelaciones nombran y
remueven los suyos.
Las designaciones se hacen en todos los casos sobre la base de los siguientes
principios: concurso para el ingreso a la función, derecho ascenso e inmovilidad en
el cargo.
4) Decide en grado de apelación extraordinaria de las resoluciones de los
tribunales inferiores en los casos y formas que la ley establece.
5) Puede imponer a los abogados, escribanos y procuradores, correcciones
disciplinarias de suspensión en el ejercicio profesional hasta de seis (6) meses y
de multa hasta cinco mil pesos moneda nacional ($5.000), pudiendo aplicar esta
última corrección a los Magistrados y funcionarios judiciales.
6) Designa anualmente de entre sus miembros al Presidente del Cuerpo y a sus
subrogantes.
7) Determina las épocas de las ferias judiciales como también los feriados cuando
las circunstancias particulares así lo exijan.
8) Tiene a su cargo la Policía Judicial, de conformidad a lo que determina la ley.
9) Expide acordadas y reglamentos para hacer efectiva esta Constitución y la Ley
Orgánica de los Tribunales.
10) Interviene igualmente en los recursos de casación, cuyo ejercicio debe
determinar la ley.
Artículo 188: El Superior Tribunal dictará el Reglamento Interno de la
Administración de Justicia, ejercerá la superintendencia de la misma y podrá como
las Cámaras de Apelaciones, imponer las correcciones disciplinarias enumeradas
en el inciso 5) del artículo precedente a los funcionarios y empleados del Poder
Judicial.
Artículo 189: El Superior Tribunal debe pasar anualmente a la Legislatura una
memoria sobre el estado de la Administración de Justicia y podrá proponer en
forma de proyecto las reformas de procedimientos y organización que tiendan a
mejorarla.
Artículo 190: Los Jueces o funcionarios judiciales no podrán intervenir en política,
tener participación en la dirección o redacción de periódicos que traten de ella;
firmar programas, exposiciones, protestas u otros documentos de carácter político;
ni ejecutar o consentir acto alguno que importe su participación en política, directa
o indirectamente.
Artículo 191: Ningún Magistrado o funcionario del Ministerio Público puede
ejercer dentro o fuera de la Provincia profesión o empleo alguno, con excepción
del profesorado universitario.
Artículo 192: El Poder Judicial tiene autarquía financiera y participa de los
recursos generales del presupuesto provincial en el porcentaje que determine la
ley.
El Superior Tribunal formará y presentará al Poder Ejecutivo el presupuesto anual
de gastos de la administración de justicia y aquél debe enviarlo a las Cámaras con
las observaciones que estime corresponder. El tesoro de la Provincia entrega
mensualmente al habilitado del Superior Tribunal de Justicia el importe
correspondiente al presupuesto del mes.
Artículo 193: Los procedimientos en toda clase de juicio serán públicos, salvo el
caso en que el secreto sea reclamado por la moral pública o el honor de los
interesados.
Capítulo III
Del Consejo de la Magistratura
Artículo 194: Un Consejo de la Magistratura, regulado por ley especial, tiene la
función de selección de postulantes para ocupar los cargos de magistrados y
funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 182. La
selección debe realizarse mediante procedimientos que garanticen adecuada
publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación, privilegiando la
idoneidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
El Consejo de la Magistratura, que cuenta con una Secretaría Permanente, es
integrado cada dos años de la siguiente manera:
1) El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que lo preside.
2) El Fiscal de Estado.
3) Un (1) magistrado o integrante del Ministerio Público, elegido por votación
directa de sus pares.
4) Un (1) abogado que posea las mismas condiciones requeridas para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia, elegido por votación directa de sus
pares a través de sus entidades representativas. En este caso, cada
circunscripción judicial elige a su representante, que actuará como integrante de
ese estamento ante el Consejo cuando el órgano cumpla funciones que interesen
a dicho ámbito.
5) Un (1) profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de una
universidad pública estatal, elegido por votación directa de sus pares.
Cada integrante tiene su suplente, electo de la misma manera que el titular y con
los mismos requisitos. El suplente del Presidente del Superior Tribunal de Justicia
es un miembro del cuerpo designado al efecto, y del Fiscal de Estado, el
Procurador del Tesoro.
El cargo de miembro del Consejo de la Magistratura es honorario e irrenunciable.
Artículo 195: Son funciones del Consejo:
1) Dictar su reglamento interno.
2) Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos, en el marco de la ley
respectiva.
3) Convocar a concurso público de postulantes para cubrir las vacantes.
4) Seleccionar, mediante concurso público, los postulantes a las magistraturas
inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público.
5) Proponer al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes para el nombramiento de los
magistrados y funcionarios a los que refiere el inciso anterior.
6) Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y
funcionarios inferiores y, previa vista al denunciado, formular la acusación
correspondiente a través del Fiscal General, o rechazarla in límine. Para formular
la acusación, se requiere una mayoría de tres (3) de sus miembros como mínimo,
quedando el acusado automáticamente suspendido en el ejercicio de la función.
En caso de rechazo, puede imponer al denunciante las sanciones que establezca
la ley si considerare que la denuncia es temeraria.-
Artículo 196: Dentro de los cinco (5) días de verificarse una vacante judicial, el
Presidente del Superior Tribunal debe convocar al Consejo para que en el término
de noventa (90) días cumpla con su labor constitucional.
Recibida la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo
debe enviar al Senado el pliego de uno de ellos en los quince (15) días
subsiguientes; si no lo hiciere, se considerará remitido el pliego de quien ocupe el
primer lugar en la terna. El Senado lo tratará dentro de los cuarenta y cinco (45)
días posteriores, aun fuera del período ordinario de sesiones, considerándose
aprobado si no hubiere pronunciamiento en dicho término.
Los términos establecidos en este artículo se computarán en días hábiles.-
Capítulo IV
Del Jurado de Enjuiciamiento
Artículo 197: Un Jurado de Enjuiciamiento, regulado por ley especial, tiene a su
cargo el juicio político a todos los jueces e integrantes del Ministerio Público, con
excepción de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Fiscal General,
del Defensor General y del Asesor General, cuando se les impute la comisión de
delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 198: El Jurado de Enjuiciamiento es integrado cada dos años de la
siguiente manera:
1) Un (1) miembro del Superior Tribunal de Justicia elegido por el cuerpo, que lo
preside.
2) Un (1) juez, elegido por votación directa de sus pares.
3) Un (1) abogado que posea las mismas condiciones requeridas para ser
miembro del Superior Tribunal de Justicia, elegido por votación directa de sus
pares a través de sus entidades representativas. En este caso, cada
circunscripción judicial elige a su representante, que actuará como integrante de
ese estamento en el Jurado cuando el acusado pertenezca a la misma.
4) Un (1) profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de una
universidad pública estatal, elegido por votación directa de sus pares.
5) Dos (2) Diputados de distintos partidos políticos o alianzas y un (1) Senador,
elegidos por la Cámara respectiva por mayoría absoluta de sus miembros.
Cada integrante tiene su suplente, electo de la misma manera que el titular y con
los mismos requisitos.
El cargo de miembro del Jurado de Enjuiciamiento es honorario, irrenunciable e
incompatible con el de miembro del Consejo de la Magistratura.
Artículo 199: La acción es pública y puede ser instada ante el Consejo de la
Magistratura, por la denuncia de cualquier persona.
El órgano de acusación es el Fiscal General de la Provincia o quien lo supla.
La ley establece el procedimiento del juicio, que debe ser oral y público y
garantizar el derecho de defensa del acusado.
Los miembros del Jurado que durante el debate cesaren en su calidad de tales,
continúan interviniendo en el juicio hasta su finalización.
Artículo 200: El fallo del Jurado de Enjuiciamiento que decida la destitución debe
emitirse con mayoría de cuatro (4) miembros del cuerpo como mínimo, y tiene
como efecto la remoción del enjuiciado de su cargo y ponerlo a disposición de la
justicia ordinaria si la causal fue la comisión de algún delito. Puede, además,
inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública.
Corresponde archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al suspendido si
transcurren ciento veinte (120) días hábiles, contados desde la decisión de abrir el
procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo.
Artículo 201: Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento no pueden concursar para ser designados o promovidos como
jueces o integrantes del Ministerio Público, mientras dure su mandato y hasta
después de transcurrido un (1) año de la finalización del período para el que
fueron electos. Les está expresamente prohibido concursar para cubrir vacantes
producidas durante el tiempo de su pertenencia a los mismos.
Capítulo V
De la Justicia de Paz
Artículo 202: La Legislatura dictará una ley que reglamente el funcionamiento de
la Justicia de Paz para la solución de las causas menores y vecinales,
garantizando un procedimiento que responda a los principios de inmediatez,
informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal. Se procurará, con
preferencia, la conciliación.
Artículo 203: Los jueces de paz son nombrados y removidos en la forma y con los
requisitos, inhabilidades e incompatibilidades establecidos para los de primera
instancia.
SECCION CUARTA
EDUCACIÓN Y CULTURA
Capítulo I
De los Principios
Artículo 204: La educación se basa en los principios de la vida democrática, en la
promoción, desarrollo y fortalecimiento de los valores sociales de paz, libertad,
justicia y solidaridad, en la integración con respeto de las diferencias individuales,
sociales, culturales, religiosas y políticas, en la responsabilidad y búsqueda del
bien común, en la participación de la familia y de la comunidad, y en la afirmación
de la identidad provincial a través de la preservación de la lengua, tradiciones y
costumbres.
Artículo 205: El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la
cultura, a enseñar y aprender, al crecimiento espiritual e intelectual de todos los
habitantes en el marco de una cultura popular, abierta al mundo, tolerante y
comprensiva de las diferencias. Debe promover el desarrollo y fortalecimiento de
la conciencia e identidad provincial y nacional con perspectiva latinoamericana.
Artículo 206: La educación, como derecho humano y bien social, debe ser
integral y orientada a formar ciudadanos para la vida democrática y la convivencia
humana. La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. El Estado
Provincial organiza la enseñanza en todos sus niveles, garantiza la atención de
personas con necesidades educativas especiales, promociona y apoya la
investigación científica y tecnológica, promueve los valores cooperativos y
concerta planes de asistencia e intercambio con organismos nacionales e
internacionales, otras provincias y universidades. La educación pública es gratuita
.
Capítulo II
Del Gobierno de la Educación
Artículo 207: El Estado Provincial ejerce el gobierno de la educación a través del
Ministerio competente, y a tal fin organiza, gestiona, administra y fiscaliza el
sistema educativo, teniendo a su cargo las responsabilidades académicas y
presupuestarias.
Artículo 208: Un Consejo Provincial que contemple la participación equitativa de
todos los sectores relacionados con la educación, asiste al Ministerio competente
en la funciones establecidas en el artículo 207 conforme lo determina la ley.
Artículo 209: Se constituye un (1) Consejo Escolar en cada municipio, compuesto
por miembros de la comunidad educativa, que son electivos. Sus funciones son
proponer y participar en las políticas sociales y educativas, dentro de las
condiciones que establezca la ley de educación provincial. Cumplirán sus
funciones con carácter ad-honorem.
Capítulo III
Del Financiamiento de la Educación y de la Cultura
Artículo 210: Los recursos asignados a la educación y a la cultura deben
asegurar los medios necesarios para su efectivo sostenimiento, difusión, progreso
y nivel de calidad. En ningún caso la contribución del tesoro de la Provincia debe
ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del total de los recursos fiscales,
debiendo ser asignado a la cultura el uno por ciento (1%) como mínimo de ese
porcentaje.
Artículo 211: El gobierno y administración de los bienes y rentas escolares
destinados a la educación por cualquier título, corresponden al Ministerio del área,
con arreglo a la ley. En ningún caso puede hacerse ejecución ni trabarse embargo
sobre los bienes y rentas destinados a la educación en todas sus formas.
La asignación, recepción e inversión de los recursos destinados a la educación y a
la cultura se controlan por los organismos de fiscalización que establece la ley, de
los que deben dar cuenta en el tiempo que ésta establece, o anualmente.
Capítulo IV
De la Profesión Docente
Artículo 212: Los docentes gozan de los derechos de estabilidad, remuneración
adecuada, ascenso, traslado, vacaciones, estado docente previsto en el estatuto
respectivo, participación en el gobierno institucional, perfeccionamiento,
capacitación y actualización, jubilación, asistencia social y agremiación, y de
aquellos implícitos del ejercicio de la actividad docente. Se reconoce y garantiza
la libertad de cátedra en el marco de los principios, derechos y deberes
establecidos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 213: Los docentes que ejercen el derecho a enseñar deben reunir las
exigencias de idoneidad establecidas en la Constitución Nacional, basadas en la
aptitud profesional certificada por títulos y antecedentes. La titularidad se alcanza
por concurso reglamentado por ley.
Artículo 214: La provincia reconoce títulos o diplomas que habiliten para el
ejercicio de la profesión u oficio expedidos por los organismos debidamente
autorizados por leyes nacionales o provinciales.-
Capítulo V
De la Enseñanza Privada
Artículo 215: Cualquier persona física o jurídica puede fundar y mantener
establecimientos de enseñanza de gestión privada conforme a las leyes que
reglamenten su funcionamiento, sujetas a la autorización, reconocimiento,
supervisión y control de las autoridades educativas, a fin de garantizar el derecho
a elegir la educación de gestión estatal o privada. Esta última puede ser
subsidiada por el Estado provincial, siempre que cumplimente la normativa fijada
al efecto.
TITULO TERCERO
GOBIERNO MUNICIPAL
Capítulo I
De los Municipios
Artículo 216: Esta Constitución reconoce la existencia del municipio como una
comunidad de derecho natural y sociopolítica, fundada en relaciones estables de
vecindad y como una entidad autónoma en lo político, administrativo, económico,
financiero e institucional. Su gobierno es ejercido con independencia de todo otro
poder, de conformidad con las prescripciones de esta Constitución y de las Cartas
Orgánicas Municipales o de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su caso.
Ninguna autoridad puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta
Constitución y en caso de normativa contradictoria prevalece la legislación del
municipio en materia específicamente local.-
Artículo 217: Todo centro de población con asentamiento estable de más de mil
(1.000) habitantes constituye un municipio.
La Legislatura puede crear un nuevo municipio cuando el centro poblacional
supere los mil (1.000) habitantes conforme al último censo nacional. La misma ley
establece la delimitación territorial del municipio a crearse y los recursos que le
correspondan.
Los centros de población que no reúnan los requisitos para ser municipio son
organizados conforme a las disposiciones de la Carta Orgánica del municipio
cabecera de la jurisdicción territorial en la que se hallen incluidos, pudiendo
elegirse un delegado o una comisión con representación popular.
Artículo 218: La ley establece la jurisdicción territorial de cada municipio. Debe
procurar extender la prestación de servicios y el ejercicio de sus facultades a la
totalidad de su jurisdicción.
Asimismo, en municipios con más de cincuenta mil (50.000) habitantes pueden
establecerse jurisdicciones territoriales internas, con la finalidad de facilitar la
prestación de servicios y garantizar una adecuada representatividad de los
vecinos.
Capítulo II
De los Órganos de Gobierno
Artículo 219: Los municipios tienen el derecho de establecer su propio orden
normativo mediante el dictado de Cartas Orgánicas sancionadas por una
Convención Municipal, que deben asegurar los principios del régimen
democrático, representativo y participativo, y demás requisitos que establece esta
Constitución.
Mientras los municipios no dicten sus Cartas Orgánicas se rigen por la Ley
Orgánica de Municipalidades.
Artículo 220: El gobierno municipal es ejercido por un Departamento Ejecutivo y
un Departamento Legislativo.
El Departamento Ejecutivo está a cargo de una persona con el título de
Intendente, elegido por el cuerpo electoral del municipio en distrito único y en
forma directa a simple pluralidad de sufragios. De igual forma se elige en fórmula
un Viceintendente. Ambos duran cuatro (4) años en su cargo, pudiendo ser
reelectos por un solo mandato consecutivo. Pueden ser removidos por juicio
político o revocatoria popular.
En caso de empate en el comicio se convoca a nuevas elecciones dentro del
plazo de diez (10) días de concluido el escrutinio, entre las fórmulas que hayan
empatado, debiendo el acto eleccionario realizarse dentro de los treinta (30) días
posteriores al escrutinio.
El Viceintendente reemplaza al Intendente por el resto del período constitucional
en caso de muerte, renuncia, destitución o impedimento definitivo, y hasta que
cesen las causas en caso de ausencia, suspensión u otro impedimento temporal o
provisorio.De la misma manera, si el impedimento temporal o definitivo lo fuere del
Intendente y del Viceintendente a un mismo tiempo, el Departamento Ejecutivo es
ejercido por quien presida el Concejo Deliberante, quien para el caso de acefalía
absoluta y definitiva convoca dentro de los tres (3) días a elecciones para
completar el período correspondiente siempre que de éste falte cuanto menos un
(1) año, debiendo el acto eleccionario realizarse dentro de los noventa (90) días
posteriores a la convocatoria.
El Departamento Legislativo es desempeñado por un órgano colegiado
denominado Concejo Deliberante. La Presidencia del Concejo Deliberante es
ejercida por el Viceintendente, que sólo vota en caso de empate, o por un
Concejal electo de su seno, conforme determine la Carta Orgánica.
Artículo 221: Los miembros del Concejo Deliberante se eligen por el sistema de
representación proporcional, con participación de las minorías. Duran cuatro (4)
años en el ejercicio de sus cargos, pueden ser reelegidos por un solo período
consecutivo. La composición de los cuerpos se renueva por mitades cada dos (2)
años, en la oportunidad y forma que determina la ley.
Cuando se elija la totalidad de los Concejales en un municipio, debe sortearse la
duración de sus mandatos dentro de los sesenta (60) días de constituido el
Concejo Deliberante, respetándose las proporciones de la representación
emanadas de la elección.
Artículo 222: Son requisitos para ser Intendente, Viceintendente y Concejal: ser
argentino nativo o naturalizado con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadanía,
mayor de edad y formar parte del cuerpo electoral del municipio en los últimos
cinco (5) años.-
En ningún caso pueden constituirse los Concejos Deliberantes con más de una
tercera (1/3) parte de extranjeros.
Para el Intendente, Viceintendente y Concejales rigen las mismas
incompatibilidades que para los Diputados y Senadores.
Artículo 223: El cuerpo electoral de los municipios está compuesto por los
electores inscriptos en los registros cívicos que corresponden a su jurisdicción y
por los extranjeros, de ambos sexos, mayores de 18 años, con dos años de
residencia inmediata en el mismo, que sepan leer y escribir en idioma nacional y
se hallen inscriptos en un registro especial organizado por el municipio.
Artículo 224: El Intendente, Viceintendente y Concejales gozan de inmunidad por
las opiniones vertidas en el ejercicio de su función. Son responsables civilmente
por los daños que causaren sus actos u omisiones en su mandato. Se hallan
sujetos a destitución por inhabilidad física o mental sobreviniente, mal desempeño
o conducta indebida en el ejercicio de sus funciones. La destitución debe
pronunciarse, previo juicio político, con los dos tercios (2/3) de votos del total de
los miembros del Concejo Deliberante. La sentencia de destitución, para ser
efectiva, debe ser aprobada por el cuerpo electoral del municipio en consulta
popular vinculante y obligatoria, convocada al efecto por el Concejo Deliberante y
realizada en un plazo no mayor a los treinta (30) días.
En los casos de procesos penales que involucren a los funcionarios comprendidos
en el presente artículo, confirmado el procesamiento en segunda instancia por
delitos relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata en
ejercicio del cargo y la separación definitiva en caso de condena firme.
Capítulo III
De la Materia y Competencia Municipal
Artículo 225: Los municipios tienen las atribuciones expresas e implícitas que se
derivan de la Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su
competencia local.
Son atribuciones y deberes específicos del municipio:
1) Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común.
2) Juzgar políticamente a las autoridades locales.
3) Convocar a los comicios para la elección de autoridades municipales y juzgar
sobre la validez o nulidad de la elección de sus miembros.
4) Crear, determinar y percibir recursos en el marco de lo dispuesto por el artículo
229, confeccionar su presupuesto, realizar la inversión de recursos y control de los
mismos, asegurando la transparencia y el equilibrio fiscal.
5) Nombrar y remover a los agentes de la administración municipal, garantizando
la estabilidad laboral, la capacitación continua y la carrera administrativa, y
procurando el establecimiento de condiciones de trabajo y salariales adecuadas.
6) Dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre:
a) habilitación de comercios y actividades económicas;
b) higiene, moralidad y salubridad pública, sin perjuicio del ejercicio de las
facultades concurrentes de la Nación y de la Provincia en el caso de que se
encuentren comprometidos el interés nacional y provincial;
c) servicios públicos, y de interés general, pudiendo disponer su gestión directa
por sí o por organismos descentralizados, o por concesión temporal a personas
físicas o jurídicas otorgada por el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los
miembros del Concejo Deliberante, previa licitación pública en el caso de
particulares;
d) abasto, bromatología y control de alimentos y procesos;
e) urbanismo, recreación y espectáculos públicos;
f) recolección y disposición final de residuos;
g) cementerios y servicios fúnebres;
h) obras públicas y viales, construcciones urbanas, parques y paseos públicos;
i) vialidad, tránsito y transporte;
j) uso de calles, veredas, superficie, subsuelo y espacio aéreo;
k) educación y cultura;
l) atención primaria de la salud y centros asistenciales;
m) servicios sociales a grupos vulnerables;
n) deportes, juegos y esparcimiento;
ñ) desarrollo económico local;
o) seguridad ciudadana y protección de los derechos humanos;
p) defensa de los derechos de usuarios y consumidores;
q) presupuesto participativo; y
r) protección, preservación y promoción del medio ambiente, del paisaje, del
equilibrio ecológico y control de la polución ambiental, tendiendo al desarrollo
sostenible.
7) Contraer empréstitos y realizar operaciones de crédito exclusivamente para un
fin y objeto determinado, con el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los
miembros del Concejo Deliberante y siempre que el nivel de endeudamiento sea
tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda no superen el veinticinco
por ciento (25%) de los recursos ordinarios. Estas operaciones no pueden ser
autorizadas para equilibrar los gastos ordinarios de la administración.
8) Adquirir, administrar y enajenar los bienes municipales. Para este último caso
se requieren dos tercios (2/3) del total de los miembros del Concejo Deliberante,
debiendo efectuarse las enajenaciones conforme los recaudos que establece la
normativa vigente.
9) Acordar las licencias comerciales dentro de su jurisdicción.
10) Imponer multas y sanciones propias del poder de policía, y decretar, de
acuerdo a las leyes y ordenanzas respectivas, la clausura de locales, desalojo por
peligro de derrumbe, suspensión o demolición de construcciones, destrucción,
decomiso y secuestro de bienes y de mercaderías en malas condiciones,
recabando para ello las órdenes de allanamiento correspondientes y el uso de la
fuerza pública, que no podrá serle negado.
11) Requerir autorización legislativa para la expropiación de bienes con fines de
interés social o necesarios para el ejercicio de sus poderes.
12) Publicar regularmente el movimiento de ingresos y egresos, y anualmente el
balance y memoria de cada ejercicio, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de
su vencimiento.
13) Convenir con la Nación, la Provincia, otros municipios y organizaciones de la
sociedad civil, la formación de los organismos de coordinación interjurisdiccional
necesarios para la realización de actividades de interés común.
14) Controlar el tránsito urbano y suburbano, promover la seguridad vial y la
prevención y represión de faltas y delitos, coordinando esfuerzos con las
autoridades provinciales.
15) Elaborar planes estratégicos locales, realizar el planeamiento territorial y la
zonificación urbana para garantizar la calidad de vida de los vecinos.
16) Promover la participación y el desarrollo de las organizaciones no
gubernamentales, cooperativas, mutuales y otras que tiendan al bienestar general.
Crear un registro para asegurar su inserción en la discusión, planificación y
gestión de las políticas públicas.
17) Organizar consejos consultivos de asesoramiento en materias tales como
niñez, juventud, prevención de las adicciones, mujer, derechos humanos,
personas mayores y prevención del delito.
18) Crear comisiones vecinales, consejos económicos y sociales y otras formas de
integración vecinal a la gestión local.
19) Adoptar medidas que garanticen la efectiva igualdad de oportunidades entre
géneros en todas las áreas, niveles jerárquicos y organismos.
20) Convocar a consulta popular en los casos previstos en ésta Constitución.
21) Crear organismos descentralizados o consorcios para la prestación de
servicios públicos u otras finalidades determinadas.
22) Constituir sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y
sociedades del Estado.
23) Fomentar el desarrollo de las áreas rurales, promoviendo en ellas la formación
de entidades comunitarias para sus relaciones con la autoridad municipal.
24) Ejercer las facultades establecidas en el inciso 30 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
25) Ejercer cualquier otra función o atribución que emane de su naturaleza como
gobierno local autónomo, en el marco de la distribución de competencias y
funciones establecidas en esta Constitución.
Capítulo IV
De la Participación Ciudadana
Artículo 226: Los integrantes del cuerpo electoral del municipio pueden convocar
a audiencia pública para debatir asuntos de interés general, la que debe realizarse
con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria es
obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del cero coma cinco por ciento
(0,5%) del electorado del municipio. También es obligatoria antes del tratamiento
legislativo de proyectos que pongan en riesgo el desarrollo sostenible de la
comunidad, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.
El electorado municipal tiene derecho de iniciativa para la presentación de
proyectos de ordenanza, para lo cual se debe contar con la firma del dos por
ciento (2%) del padrón electoral. Una vez ingresados al Concejo Deliberante
siguen el trámite para la sanción de las ordenanzas. El Concejo Deliberante debe
sancionarlos o rechazarlos dentro del término de doce (12) meses. No son objeto
de iniciativa popular los proyectos referidos a tributos y presupuesto.
El Concejo Deliberante puede convocar a consulta popular vinculante para la
sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general, con excepción
de aquellas materias excluidas del derecho de iniciativa y las que requieran
normas con mayoría especial para su aprobación. La Ordenanza de convocatoria
no puede ser vetada. En la consulta popular vinculante, el voto es obligatorio.
El Intendente Municipal debe convocar a consulta popular vinculante cuando el
Concejo Deliberante no hubiera tratado en el plazo establecido un proyecto de
ordenanza iniciado por el procedimiento de iniciativa popular que cuente con más
del quince por ciento (15%) de firmas del total de inscriptos en el padrón electoral
del municipio.
El Intendente Municipal o el Concejo Deliberante pueden convocar a consulta
popular no vinculante sobre materias de sus respectivas competencias, salvo la
presupuestaria y las que requieran normas con mayoría especial para su
aprobación. En este caso el sufragio no es obligatorio.
El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los
funcionarios electos por causas atinentes al desempeño de sus funciones,
impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento (20%) de los
integrantes del padrón electoral municipal. El pedido de revocatoria no es
admisible para quienes no hayan cumplido un (1) año de mandato, ni para
aquellos a los que le restaren menos de seis (6) meses para la expiración del
mismo.
La petición debe ser presentada ante la Junta Electoral de la Provincia que, luego
de comprobar la observancia de los extremos señalados, convoca a consulta
popular dentro de los noventa (90) días de presentada la petición. El voto es
obligatorio y la consulta tiene efecto vinculante si los votos favorables a la
revocación superan el cincuenta por ciento (50%) de los empadronados.
Capítulo V
De las Relaciones Intermunicipales y Supramunicipales
Artículo 227: Los municipios pueden crear microrregiones para desarrollar
materia de competencia propia o delegada a nivel intermunicipal y supramunicipal
y establecer organismos con facultades para el cumplimiento de esos fines. La
participación en microrregiones es voluntaria. Las relaciones intermunicipales y
supramunicipales pueden involucrar sujetos públicos, privados y del tercer sector,
y organismos internacionales.
Capítulo VI
De los Recursos
Artículo 228: Los municipios tienen plena autonomía en la administración y
disposición de sus recursos, de los cuáles no pueden ser privados sino con su
autorización prestada en legal forma. Ninguna autoridad puede retener fondos o
elementos que sean destinados a un municipio en particular por parte del Estado
Nacional o de cualquier otra persona física o jurídica, siendo responsables
personalmente quienes realicen o consientan dicho acto indebido.
Artículo 229: Son recursos municipales propios, sin perjuicio de otros
establecidos por ley o por convenio, los siguientes:
1) Tasas por servicios, impuestos, derechos, patentes, licencias, contribuciones
por mejoras, multas y recargos por contravenciones, y todo ingreso originado por
actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio, respetando la
armonización con los regímenes provincial y nacional.
2) El impuesto a los automotores y otros rodados, y el impuesto inmobiliario
urbano y suburbano o subrural, unificando las valuaciones y condiciones de cobro
en todo el territorio provincial conforme lo determine la ley.
3) La participación en los ingresos de la Provincia en concepto de impuestos,
tasas y derechos internos, la que nunca será inferior al quince por ciento (15%) ni
superior al cincuenta por ciento (50%) de dichos ingresos.
4) La participación en los ingresos de la provincia provenientes de la
coparticipación de fondos nacionales sin asignación específica, la que nunca será
inferior al quince por ciento (15%) ni superior al cincuenta por ciento (50 %) de
dichos ingresos.
5) La participación en regalías, derechos o tributos en general percibidos por la
Provincia y la Nación por explotación de los recursos naturales de su jurisdicción,
la que nunca será inferior al quince por ciento (15%) ni superior al cincuenta por
ciento (50%) de dichos ingresos.
6) Otros tributos cuya percepción delegue el Estado Provincial, en la proporción
que fije la ley.
7) Todos los demás recursos que la ley atribuya a los municipios.
Los recursos establecidos en los incisos 3), 4) y 5) de este artículo serán remitidos
a los municipios en forma no condicionada, automática y diaria, conforme a
parámetros establecidos por ley.
Artículo 230: Si una Municipalidad es condenada al pago de una deuda, sus
rentas o bienes sólo pueden ser embargados cuando el órgano municipal
competente no arbitre el modo y forma de verificar el pago dentro de los seis (6)
meses de la fecha en que quede firme la sentencia. En ningún caso deben ser
embargados los bienes afectados a la prestación de servicios públicos.
Artículo 231: En ningún caso puede destinarse más del sesenta por ciento (60%)
de los recursos corrientes del municipio a remuneraciones y honorarios. El
presupuesto de gastos del Concejo Deliberante, que goza de autarquía financiera,
no puede superar en total y por todo concepto el cuatro por ciento (4%) de
recursos corrientes del municipio. Los funcionarios electivos y los de alta jerarquía
del municipio no recibirán incremento en sus haberes sino como parte de una
medida de carácter general para todo el personal municipal y en el mismo
porcentaje. Resultan civil y administrativamente responsables quienes aprueben,
consientan o ejecuten actos que constituyan violaciones a lo establecido en el
presente artículo.
Artículo 232: Los municipios pueden establecer organismos de control de la
hacienda municipal, de carácter técnico, que cumplan en su accionar con los
procedimientos generalmente aceptados por las entidades competentes. Si no lo
hicieren, deben realizar un convenio con el Tribunal de Cuentas de la Provincia
para el cumplimiento de dicha función.
Deben publicarse por los medios masivos de difusión disponibles en la comunidad,
los movimientos de fondos, imputaciones presupuestarias y demás datos
económicos y financieros. La petición de información formulada por los vecinos en
ningún caso puede serle negada.
Capítulo VII
De la Competencia Jurisdiccional
Artículo 233: Los municipios pueden crear juzgados administrativos de faltas para
el juzgamiento de las infracciones a las normas municipales y a aquellas en las
que el municipio sea autoridad de aplicación, pudiendo extender su competencia a
otras materias como protección al usuario y consumidor, mediación comunitaria y
demás atribuciones que le sean asignadas legalmente. Ejercen su jurisdicción en
base a los principios de inmediatez, especialización, celeridad, economía,
sencillez, publicidad y oralidad, de modo de asegurar a los ciudadanos la justa
resolución de los conflictos y controversias sometidas a su conocimiento,
respetando el debido proceso y el derecho de defensa.
Las Cartas Orgánicas pueden instituir la figura del Defensor de los Vecinos, cuya
forma de designación y funciones serán determinadas por ellas.
Capítulo VIII
De las Relaciones Interjurisdiccionales
Artículo 234: Los municipios participan junto a la Provincia en la elaboración y
ejecución de los planes de desarrollo local y regional. La Provincia debe
comunicar al municipio toda obra o servicio proyectado en la jurisdicción municipal
respectiva.
Las Cartas Orgánicas o la Ley Orgánica, en su caso, determinan la forma y
condiciones de adjudicación de la tierra fiscal de los municipios, tendientes a
asegurar su utilización con fines de interés social.
Sin perjuicio del dominio del Estado Federal o Provincial, los municipios retienen la
jurisdicción sobre lugares situados en sus ejidos en materia de interés local y
conservan los poderes de policía e imposición sobre establecimientos de utilidad
nacional o provincial, en tanto no interfieran sus fines específicos.
Artículo 235: Cuando se proponga una modificación de la Ley Orgánica de las
Municipalidades o de la ley de coparticipación municipal, debe convocarse, con
anterioridad al debate parlamentario, a un congreso municipal integrado por los
intendentes, concejales y gremios del sector, de todas las municipalidades de la
provincia, para tratar y debatir las modificaciones propuestas. El temario del
congreso es propuesto por el Poder Ejecutivo en el caso de un proyecto que
resulte iniciativa del mismo, o por el Presidente de la cámara legislativa de origen
del proyecto en el caso de iniciativa parlamentaria.
El Poder Ejecutivo y la Legislatura deben tener adecuada representación,
pudiendo disponerse la participación de los organismos o entidades que, conforme
la naturaleza de los asuntos, pudieran aportar información o asesoramiento útiles
a la finalidad perseguida.
Las declaraciones o recomendaciones del congreso no tienen fuerza ejecutiva
sino informativa y de asesoramiento de la Legislatura, a cuyo efecto debe
procurarse una apropiada difusión de sus conclusiones.
Capítulo IX
De la Intervención a Municipios
Artículo 236: Los municipios sólo pueden ser intervenidos por ley en caso de
grave alteración del régimen municipal y por un plazo no mayor de seis (6) meses.
La ley que disponga la intervención debe ser aprobada por el voto de los dos
tercios (2/3) del total de los miembros de cada una de las Cámaras. Si la
Legislatura se hallare en receso, puede decretarla el Poder Ejecutivo ad
referéndum de la Legislatura, a cuyo efecto, por el mismo decreto, debe
convocarla a sesiones extraordinarias para el tratamiento de la medida.
La intervención tiene por objeto restablecer el normal funcionamiento de los
órganos intervenidos, y se limita a atender exclusivamente los asuntos ordinarios
con arreglo a las ordenanzas vigentes. No puede crear gravámenes ni contraer
empréstitos u otras operaciones de crédito.
El interventor debe convocar a elecciones en el plazo de sesenta (60) días a partir
de la toma de posesión de su cargo, a celebrarse dentro de los noventa (90) días
siguientes, y los electos asumirán sus funciones dentro de los treinta (30) días
posteriores a la celebración del comicio.
TITULO CUARTO
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Capítulo Único
Artículo 237: Esta Constitución puede reformarse en todo o en parte. Declarada
la necesidad de la reforma por dos tercios (2/3) del total de miembros en ejercicio
de cada una de las Cámaras de la Legislatura, se convocará a una Convención de
Representantes elegidos directamente por el pueblo, igual al número de
Senadores y Diputados, a la que compete exclusivamente la facultad de hacer o
no reformas a la Constitución Provincial.
Para ser Convencional se requiere tener las mismas cualidades enumeradas en el
artículo 87. Los Convencionales gozan de las mismas inmunidades de los
Diputados, mientras duren en el desempeño de sus cargos.
Artículo 238: Para la reforma parcial, aparte de la declaración, la Legislatura
determinará los artículos, capítulos, partes e institutos de la Constitución que se
someterán para su reforma a la Convención la que debe limitarse a estos puntos
en su cometido.
Determinará, además, en todos los casos:
1) Fecha y modo como debe constituirse la Convención y el quórum necesario.
2) Plazo dentro del cual debe dar término a su cometido.
3) Partidas asignadas para su desenvolvimiento, así como el local donde
funcionará.
4) Las incompatibilidades con el cargo de Convencional.
Artículo 239: La Convención es único juez para expedirse sobre la legitimidad de
su constitución e integración.
Tiene las facultades necesarias para pronunciarse sobre los puntos indicados en
los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo anterior cuando ellos hubieran sido omitidos
en la declaración de convocatoria.
Las normas que sancione la Convención se publicarán de inmediato y serán
tenidas como parte integrante de la Constitución, a partir de la fecha que fije la
misma Convención.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social.
Bases para la formulación de políticas de Estado
1) El «Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social» es
la formulación institucional de las coincidencias alcanzadas para la elaboración de
políticas de Estado, con el propósito de sostenerlas en el tiempo como
denominador común para obtener el crecimiento económico, erradicar la pobreza
y lograr la inclusión social, en consonancia con los objetivos de desarrollo del
milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y adaptados a la
realidad provincial.
2) El desarrollo sustentable económico y social como objetivo de la acción plural
coordinada, donde el Estado es orientador, impone la necesidad de crear un
sistema adecuado de planificación en la estructura del Estado provincial.
3) La educación y el conocimiento son claves en la estrategia de desarrollo
provincial, constituyen derechos individuales y sociales garantizados por el Estado
para generar, como consecuencia de la actividad económica, una mejor calidad
de vida para los habitantes de la Provincia, y conformar comunidades
desarrolladas e integradas.
4) El Estado debe:
a) Promover los vínculos económicos de cooperación local, regional, nacional e
internacional;
b) elaborar las estrategias asociativas y de colaboración;
c) bregar por el desarrollo sustentable local, entendido como crecimiento
económico cuantitativo y cualitativo, con impacto social y mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes;
d) brindar la infraestructura que tienda a hacer competitiva a la Provincia,
promover, incrementar y diversificar la oferta productiva y estimular la inversión
privada;
e) definir la política de salud con base en la prevención y ejercer la conducción y
planificación estratégica del sistema con el objeto de asegurar la universalidad en
la atención sanitaria mediante la integración y coordinación funcional de los
recursos sanitarios públicos y privados;
f) garantizar las condiciones de seguridad de la vida y de los bienes, con énfasis
en la prevención y la participación ciudadana, asegurando la irrestricta vigencia de
las libertades públicas y la plena observancia de los derechos humanos;
g) impulsar la innovación para el crecimiento económico y desarrollo social, en
políticas productivas sostenidas, transferencia de tecnología, capacitación de
mano de obra y acceso al crédito, en un marco de seguridad jurídica con reglas de
juego claras y estables;
h) instrumentar una política energética que acompañe las prioridades del
desarrollo, promoviendo los emprendimientos hidroeléctricos y el aprovechamiento
de las fuentes de energía renovables y no contaminantes;
i) determinar que las regalías originadas en la utilización de recursos naturales,
deben ser destinadas al financiamiento del desarrollo económico y social y de
obras que compensen, mitiguen o neutralicen sus eventuales efectos adversos;
j) crear la banca provincial para el desarrollo económico y social, con los recursos
que determine la ley; y
k) promover como ejes prioritarios de las políticas de Estado, el impulso de la
industria agroalimentaria y forestal, del turismo, de la agregación de valor en
cada sector de la cadena productiva, en forma amigable con el medio ambiente, y
el fomento de la actividad cooperativa y mutualista.
5) El Estado provincial ejecuta la planificación a través del Sistema Provincial de
Planificación, que cuenta con un órgano ejecutivo y un órgano asesor colegiado.
6) Es función del órgano ejecutivo formular programas y proyectos para la
implementación, monitoreo y evaluación de planes y acciones complejas a través
de una matriz de planificación, y sobre la base de vínculos interinstitucionales
entre los actores claves: el Estado provincial, los municipios, los sectores
productivo, académico y científico, y las organizaciones civiles afines al objetivo.
7) El órgano consultivo es colegiado, con la integración de los actores
mencionados en el artículo anterior en colaboración con el Gobierno Provincial. Su
función es de consulta y asesoramiento, con competencia para sugerir líneas de
acción sectoriales y globales.
8) La instancia de participación ciudadana en todo el territorio provincial se da por
medio del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que se
constituye como organismo asesor del Sistema Provincial de Planificación. Su
composición debe contemplar la integración de todas las regiones territoriales de
la provincia, y está conformado por representantes de los municipios, de
entidades civiles que nucleen a los sectores de la producción, economía, turismo,
comunicación social, cultura, comercio y trabajo, de la comunidad académica en
todas sus expresiones, y de los legisladores de ambas cámaras en igualdad de
representatividad.
9) El Estado define las políticas públicas vinculadas al crecimiento económico y
desarrollo social, que consensuadas en el Consejo de Crecimiento Económico y
Desarrollo Social, se constituyen en políticas de Estado que permanecen en el
tiempo hasta su eventual modificación por la misma vía. Dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días deberá dictarse la ley creando el Sistema Provincial de
Planificación y los órganos ejecutivos y colegiados, respectivamente.
10) El Estado brinda especial atención al fomento de mejores prácticas de
planificación y programación, incluyendo la articulación de éstas con el proceso
presupuestario.
Segunda: La Provincia de Corrientes ratifica la legítima e imprescriptible
soberanía de la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser
parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Tercera: Mientras no se dicte la ley Reglamentaria de un derecho, libertad o
garantía reconocida o declarada por esta Constitución y la omisión sea irrazonable
quien se considere afectado por ella en su derecho individual o colectivo podrá
solicitar y deberá obtener que el derecho, libertad o garantía integre el orden
normativo, con efecto limitado a la contienda judicial y al solo fin de decidirla.
Cuarta: Las normas que como consecuencia de esta reforma deben dictarse o
modificarse, serán sancionadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2008, salvo
en aquellos casos en que se prevea un término distinto. En ese mismo período,
las autoridades competentes instrumentarán las medidas necesarias para
garantizar el efectivo goce de los nuevos derechos incorporados por esta reforma.
Quinta: Los institutos de democracia semidirecta establecidos en esta
Constitución son de aplicación inmediata, sin perjuicio de la posterior sanción de
las leyes reglamentarias. Rigen supletoriamente las leyes nacionales vigentes en
las materias respectivas en lo que sea compatible con esta Constitución.
Sexta: Hasta tanto se dicte la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura,
continúa la legislación vigente, en todo lo que sea compatible con la normativa de
esta Constitución.
Séptima: EL Jurado de Enjuiciamiento regulado por esta Constitución debe
constituirse en el término de noventa (90) días corridos de sancionada la misma.
En los juicios políticos que se promuevan en ese lapso entenderá un jurado
compuesto por:
1) El Presidente subrogante en primer término del Superior Tribunal de Justicia;
2) el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia.
3) el Presidente del Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial a la que
pertenezca el acusado;
4) el Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Nacional del Nordeste;
5) el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia;
6) el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia que en orden
pertenezca a distinto partido político o alianza que el Presidente de dicho cuerpo
legislativo; y
7) el Presidente del Senado de la Provincia.
Son sus suplentes, por su orden: el Presidente Subrogante en segundo término
del Superior Tribunal de Justicia; el Vicepresidente del Colegio de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia; el Vicepresidente del Colegio de Abogados de la
Circunscripción Judicial a la que pertenezca el acusado; el Vicedecano de la
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del
Nordeste; el Vicepresidente de la Cámara de Diputados que continúe en orden; el
Presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de
Diputados; y el Vicepresidente 1º del Senado.
Si transcurrido el término de noventa (90) días señalado, no se constituye el
órgano con la composición definitiva, los representantes de cada estamento serán
elegidos por sorteo.
Hasta tanto se dicte la ley reglamentaria en todo cuanto fuere compatible con las
disposiciones de esta Constitución y con la naturaleza del instituto, se aplican las
disposiciones de los artículos 379 a 430 del Código Procesal Penal de la Provincia
para la realización del juicio político.
Octava: Hasta tanto lo establezcan las respectivas leyes, el Superior Tribunal de
Justicia continúa entendiendo en instancia originaria en las causas de naturaleza
contencioso administrativa y en instancia de apelación en las acciones de amparo.
Novena: Para las elecciones del año 2007 la Junta Electoral se compone con los
miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Décima: En caso que el Defensor General y el Asesor General fueren designados
con anterioridad a la modificación de la Ley del Ministerio Público, sus respectivas
competencias serán las que el ordenamiento jurídico actual le asigna al Fiscal
General en lo relativo a las funciones propias de los nuevos cargos.
Undécima: Las reformas sancionadas no afectan la estabilidad de los actuales
jueces de paz.
Duodécima: Entretanto se dicten las respectivas leyes, el Tribunal de Cuentas y
la Fiscalía de Estado ejercen las funciones de su competencia de conformidad con
la normativa vigente en tanto no se contraponga con esta Constitución.
Decimotercera: Las reformas sancionadas no afectan la estabilidad de los
actuales miembros del Tribunal de Cuentas. A fin de proceder a su integración de
conformidad con lo establecido por esta Constitución, las designaciones para
completar el número o para cubrir vacantes se realizarán observando la exigencia
de la profesión de sus miembros.
Decimocuarta: Antes del 1° de enero de 2009 el Defensor del Pueblo y el Fiscal
de Investigaciones Administrativas deben comenzar el efectivo ejercicio de sus
funciones, para lo cual los poderes competentes adoptarán las medidas
necesarias a tal fin.
Decimoquinta: Los municipios existentes a la fecha de sanción de esta
Constitución continúan revistiendo el carácter de tales.
Decimosexta: La Ley Orgánica de Municipalidades debe ser adecuada al
mandato de esta Constitución y los municipios deben sancionar o adecuar sus
Cartas Orgánicas, en caso necesario, antes de la finalización del año 2008.
Decimoséptima: La Ley provincial que regula la coparticipación municipal en los
impuestos, tasas y derechos internos recaudados por la Provincia, en los ingresos
de la Provincia provenientes de la coparticipación de fondos nacionales sin
asignación específica y en la participación en regalías, derechos o tributos en
general percibidos por la Provincia y/o la Nación por explotación de los recursos
naturales, debe ser adecuada al mandato de esta Constitución antes de la
finalización del año 2008. La misma debe contemplar parámetros objetivos que
tomen en cuenta la población, la extensión territorial, los indicadores sociales y
económicos, la responsabilidad fiscal, la eficacia de la gestión y las diversidades
geográficas. Se contemplará de manera particular, para favorecerlo, al municipio
insular de Isla Apipé, por razones de soberanía nacional y su peculiaridad
geográfica.
Decimoctava: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior el piso de la
masa coparticipable será del catorce por ciento (14%), aplicables inmediatamente
de sancionada esta Constitución por los actuales índices de cada municipio y se
adicionará el uno por ciento (1%) restante para completar el quince por ciento
(15%) establecido como mínimo a partir del 1° de enero de 2008.
Decimonovena: El Estado Provincial y los municipios deben establecer formas de
coordinación económica y financiera que permitan alcanzar eficiencia en el gasto,
indicadores y sistemas presupuestarios comunes, responsabilidad fiscal y
armonización tributaria, especialmente en relación a la actualización catastral y
modernización de los registros a los efectos de unificar las condiciones de
percepción de los impuestos a los automotores y otros rodados, e inmobiliario
urbano y suburbano o subrural.
Vigésima: Los porcentajes máximos de erogaciones en remuneraciones y
honorarios establecidos para los municipios, se aplicarán a partir del presupuesto
del año 2009. El límite porcentual del presupuesto de gastos del Concejo
Deliberante regirá a partir del presupuesto del año 2008.
Vigesimoprimera: En el caso de que al 31 de diciembre de 2008 el municipio no
creare el órgano de control de la hacienda municipal ni suscribiere convenio con el
Tribunal de Cuentas de la Provincia, este organismo de pleno derecho ejercerá
dichas funciones a partir del 1º de enero de 2009 y hasta tanto se dé cumplimiento
efectivo a la norma constitucional.
Vigesimosegunda: El porcentaje mínimo de recursos (un punto porcentual) que
debe ser asignado a Cultura, se aplicará a partir del presupuesto provincial del año
2008.
Vigesimotercera: La restricción prevista en el segundo párrafo del artículo 10 de
esta Constitución, se entiende establecida en beneficio de los detenidos o
condenados en el caso que el Estado no proporcione condiciones de detención
adecuadas, que preserven sus derechos humanos.
Vigesimocuarta: El original del texto reformado y ordenado suscripto por la
Presidenta y los Convencionales que quieran hacerlo, refrendado por los
Secretarios y sellado con el sello de la Convención, se pasa al Archivo de la
Legislatura y se remite copia auténtica a los tres poderes para su cumplimiento y
aplicación.
Vigesimoquinta: Esta reforma y el texto constitucional ordenado sancionado por
esta Convención Constituyente entran en vigencia al día siguiente de su
publicación, la que debe efectuarse dentro de los tres (3) días de su juramento por
este Cuerpo. Los miembros de la Convención Constituyente, el Gobernador de la
Provincia, los Presidentes de las Cámaras Legislativas y el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia, deben prestar juramento en un mismo acto el día 10
de junio de 2007. Cada Poder del Estado y las autoridades provinciales y
municipales disponen lo necesario para que sus miembros y funcionarios juren
esta Constitución.
Esta Convención Constituyente invita al Pueblo de la Provincia a jurar fidelidad a
la presente Constitución en los actos públicos que se realizan en las fechas
patrias.
Vigesimosexta: En la eventualidad que surja alguna errata claramente material
en la primera publicación oficial del texto ordenado de la presente Constitución,
puede ser corregida por la Presidenta (mandato cumplido) de la Convención, con
la aprobación del Presidente (mandato cumplido) y Secretario (mandato cumplido)
de la Comisión de Redacción, o sus reemplazantes en caso de impedimento,
dentro de los treinta (30) días corridos de publicada la misma.
Vigesimoséptima: Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución
como Ley Fundamental de la Provincia. Comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.-
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención
Constituyente de la Provincia de Corrientes, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil siete.-

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